En una ceremonia llevada a cabo en esta capital, el director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Bolívar Tello, mencionó que esa división estará encargada de garantizar la información de las situaciones de emergencia que se presenten durante los comicios.
Tello comentó que para ello, se han puesto a disposición las 17 salas de mando con las que cuenta el ECU 911 a escala nacional .
Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Altamaint, detalló que la Mesa de Seguridad Electoral está integrada por 18 instituciones públicas y trabajará para prevenir, mitigar y responder a eventos adversos durante el proceso en los cuatro mil 322 recintos electorales.
Altamaint reiteró la preocupación del ente electoral pues aún no se ha transferido todo el presupuesto de 60 millones de dólares, para llevar a cabo la consulta popular y referendo.
“Se han superado algunas dificultades, pero el presupuesto sigue siendo una preocupación”, dijo mientras explicó que pese a ello, el 25 por ciento de las papeletas para la consulta ya está impreso.
Los más de 13 millones de ciudadanos convocados a las urnas deberán responder a un total de 11 interrogantes.
Cinco de ellas conllevarían modificaciones a la Constitución relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de connacionales y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
Asimismo, el presidente Daniel Noboa busca aprobar permisos para arbitraje internacional entre el Estado y reclusos, así como la incorporación de contratos laborales por horas y a plazo fijo, dos de las preguntas más polémicas.
El mandatario también pretende con esa iniciativa reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
En general, la propuesta de Noboa de realizar una consulta popular ha recibido calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso, que costará unos 60 millones de dólares.
Organizaciones sociales y políticas anunciaron recientemente la conformación de un Frente Nacional por el No a la Consulta Popular y en Guayaquil, este martes, otros colectivos se sumarán a la campaña en rechazo a todas las interrogantes.
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