Un reciente reporte de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) asegura que las operaciones humanitarias no se detienen aunque considera “tensa y volátil” la situación sobre el terreno.
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que más de mil escuelas permanecen cerradas o sin actividades por la violencia e inseguridad mientras que la mitad de los centros de salud del área metropolitana de Puerto Príncipe cerraron o mantiene sus servicios interrumpidos, según la Organización Mundial de la Salud.
“Los acontecimientos recientes están restringiendo el acceso de la gente a los servicios sociales básicos”, advirtió el jueves Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general António Guterres.
De acuerdo con el vocero, la violencia también obstaculiza las operaciones de ayuda, incluido el acceso al puerto, donde hay suministros humanitarios enfrentan el riesgo de ser saqueados.
En total, el Plan de Respuesta Humanitaria para Haití, que exige 674 millones de dólares, actualmente cuenta con apenas el 6,6 por ciento, lo que equivale a 45 millones de dólares.
Ese financiamiento posibilita al menos que agencias como Unicef o el Programa Mundial de Alimentos (PMA) lleven comidas y agua junto a algunos servicios esenciales a la población afectada.
Desde principios de marzo, el PMA y sus socios apoyaron a más de 54 mil personas desplazadas con más de 263 mil comidas calientes en 38 sitios diferentes mientras que dos millones de litros de agua potable fueron entregadas a 60 mil desplazados por la violencia.
No obstante, la labor del Programa se ve amenazada durante los próximos meses con la necesidad de un mayor respaldo financiero que se estima en 61 millones de dólares durante los próximos seis meses.
Un informe divulgado ayer por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió acciones inmediatas y audaces, al considerar catastrófica la situación en Haití.
El informe, liderado por el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, denunció la corrupción, la impunidad y la mala gobernanza que sumadas a los crecientes niveles de violencia de las pandillas, han erosionado el Estado de derecho en el país caribeño y llevado a las instituciones estatales al borde del colapso.
De acuerdo con el reporte, el impacto de la inseguridad generalizada sobre la población resulta nefasto al tiempo que empeora gravemente los derechos humanos.
El informe estima que el número de víctimas de la violencia de pandillas aumentó significativamente en 2023, con cuatro mil 451 personas muertas y mil 668 heridas, sin embargo, en los primeros tres meses de este año las cifras se dispararon con mil 554 muertos y 826 heridos hasta el 22 de marzo.
A la par, denuncia el uso por parte de las pandillas de la violencia sexual para brutalizar, castigar y controlar a las personas.
Las mujeres han sido violadas durante ataques de bandas en los barrios, en muchos casos después de ver cómo mataban a sus maridos delante de ellas, rechazó el documento.
De acuerdo con el alto comisionado, abordar la inseguridad debe ser una máxima prioridad para proteger a la población y evitar más sufrimiento humano.
A la par, resulta esencial proteger las instituciones para el estado de derecho y conseguir el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad sobre la que aun rondan muchas interrogantes antes de su puesta en marcha.
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