Según el primer ministro y también titular de Seguridad Nacional, Ralph Gonsalves, el Gobierno aplicará todo el peso de la ley en los casos y delitos cometidos con armamentos.
Su administración llevará el próximo 4 de abril al Parlamento las propuestas concretas para endurecer las sanciones, las cuales estarán contenidas en una nueva ley.
Urgió a las madres y mujeres de familia a persuadir a los miembros de cada hogar de entregar las municiones o artículos letales en su poder, tras adelantar que la pena en prisión por la tenencia ilegal pasará de 18 meses a cuatro años de privación de libertad.
Igualmente, instó a los hombres jóvenes a apostar por un futuro mejor, alejarse de la violencia y convertirse en individuos de bien que aporten al desarrollo del país, en vez de recurrir al crimen a mano armada.
San Vicente y las Granadinas desde el pasado día 1 hasta el 31 de mayo próximo mantendrá una amnistía que ofrece a la población la oportunidad de entregar armanentos sin licencia ante la policía, centros religiosos, abogados, políticos o profesores, sin riesgo de sanciones.
Mientras dure la iniciativa, las autoridades tampoco abrirán indagatorias ni añadirán la tenencia ilícita de pertrechos a los antecedentes legales de las personas que voluntariamente los lleven a los sectores designados.
El país se plantea así neutralizar el preocupante alza de delitos y muertes con armas en sus calles.
De esa manera sigue los pasos de otras naciones del Caribe como San Cristóbal y Nieves, Anguila, Jamaica y Bahamas, que igualmente endurecen sus legislaciones y declaran la guerra a un flagelo que a diario enlutece a decenas de familias y eleva la inseguridad en la zona.
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