Pese a la militarización en las calles del país andino y con impuestos para financiar la llamada guerra interna contra el crimen organizado, el terror persiste aquí, con secuestros, extorsiones, amenazas de bombas y asesinatos.
Este martes, decenas de personas despidieron a la alcaldesa Brigitte García, la más joven de Ecuador asesinada el pasado domingo en la provincia de Manabí.
El crimen contra la joven de 27 años y su asesor, Jairo Loor, conmocionó al país, uno de los más violentos de la región y el mundo, que cerró 2023 con una tasa de más de 40 muertes intencionales por cada 100 mil habitantes y más de siete mil homicidios en ese año.
Al trágico suceso se sumó el hallazgo del cadáver del concejal alterno de Samborondón, en la provincia de Guayas, Julio César Ronquillo, un día después de su secuestro.
Ronquillo y García pertenecían al movimiento Revolución Ciudadana (RC) que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Los hechos de violencia política evidencian cómo persiste la inseguridad a pesar del estado de excepción en el territorio nacional, donde policías y militares realizan operativos conjuntos para detener el crimen organizado y hay más de 13 mil detenidos, según cifras oficiales.
En medio de esos acontecimientos, un motín carcelario registrado en la Cárcel Regional de Guayaquil dejó tres presos muertos y seis heridos. El amotinamiento ocurrió en el mismo centro de detención donde en enero pasado se supo de la fuga del cabecilla de Los Choneros, Adolfo Macías (Fito), quien aún está prófugo.
Entretanto, este Viernes Santo la violencia criminal se mantuvo sin control en la región costera con secuestros, balaceras y asesinatos. Durante la procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil los feligreses se autoconvocaron para asistir con prendas blancas y banderas de Ecuador y pedir a Dios por la paz y la seguridad.
En ese contexto la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció que sus miembros realizarán una jornada de movilización en el país para exigir que se declare en emergencia al sector.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, detalló que la marcha iniciará el próximo 6 de abril desde la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y sus participantes ingresarán a Quito de forma masiva el 9 de abril.
El funcionario denunció que en los últimos meses la comunidad educativa ha sido víctima de suicidios de estudiantes, asesinatos de docentes, aumento de robos en espacios educativos, crecimiento de casos de violencia sexual y extorsión.
Con la declaratoria de estado de excepción y conflicto armado interno el presidente Noboa abrió una puerta legal para que militares y policías actúen conjuntamente con todos sus recursos para neutralizar a los 22 grupos delincuenciales catalogados como terroristas.
No obstante, para el experto en temas de seguridad Fernando Carrión, medidas como el estado de excepción, que facilitan los operativos militares, tienen efectos a corto plazo, pero sin otras acciones estructurales la violencia vuelve con las mismas características.
Mientras, en redes se han renovado las críticas contra el gobierno de Noboa y su denominado Plan Fénix, una promesa de campaña con la cual pretendía poner fin a la inseguridad en el país.
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