Pese a las seis sesiones que ese órgano legislativo dedicó ya al mentado proyecto, el debate en plenaria permanecía estancado debido, en parte, al boicot de partidos de derecha que solían ausentarse de la sala para impedir la obtención del cuórum necesario para tomar decisiones.
Durante la última de las jornadas dedicada al tema, el pasado 26 de marzo, se escucharon los planteamientos de diferentes expertos y gremios convocados en relación a la reforma.
Esa sesión, acontecida de manera extraordinaria durante Semana Santa, facilitó que pueda debatirse el proyecto en segundo debate.
El primero de los inconvenientes para que la reforma vea la luz es el poco tiempo del que dispone para ser admitida.
Si la propuesta no logra ser aprobada en sus cuatro debates antes del 20 de junio, cuando el Congreso concluirá su agenda, esta será archivada.
Hasta la fecha, solo superó la discusión en la Comisión Séptima del Senado, pero aún faltan su aprobación en plenaria, donde se halla actualmente, luego de lo cual pasaría a la Séptima de la Cámara de Representantes y, por último, a cuarto debate en la plenaria de esa instancia.
De acuerdo con el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, la reforma es urgente no solamente por temas de sostenibilidad, sino de justicia.
“El sistema actual es muy injusto, y mientras más nos demoremos en aprobar la reforma, más vamos a prolongar esas injusticias”, consideró durante el debate de la pasada semana.
La fundamentación del Ejecutivo se basa en las facilidades que sus cuatro pilares proveerían.
El primero de ellos es el solidario, que otorgaría una transferencia monetaria para mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más en condición de pobreza extrema, y el segundo, el semicontributivo, para mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más que hayan cotizado al sistema pensional al menos 300 semanas.
También incluye la modalidad contributiva (contribuciones obligatorias para aquellos que ganen entre uno y tres salarios mínimos), y por último el de ahorro voluntario, diseñado para cotizantes que quieran hacer aportes voluntarios al sistema de pensiones.
Según planteó la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, este proyecto es necesario para el país.
“Hoy el sistema como está no tiene capacidad para seguir operando, además, la sostenibilidad financiera está en alto riesgo”, expresó.
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