El tribunal respondió así a un recurso presentado por el Ministerio Público contra la resolución del Juzgado Duodécimo, en la cual se dictaron medidas sustitutivas a favor de Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco.
De acuerdo con la resolución, hasta que los anteriores resuelvan su situación legal, los magistrados suplentes deberán integrar el Pleno del TSE.
A los cuatro se les prohibió además comunicarse con empleados y presentarse a sedes del ente rector de los sufragios en el país.
La sala también modificó el pago de una fianza de 100 mil quetzales (cerca de 13 mil dólares) a 700 mil (casi 90 mil dólares).
La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, calificó de triste y dolorosa la noticia y consideró que significa un golpe al fortalecimiento de la institución.
“No conocemos aún la resolución, pero nos da tristeza. Esperamos que, por el bien de la democracia y la paz esto sea resuelto y que los magistrados puedan retomar sus labores”, expresó la autoridad.
En relación con las actividades del TSE, Alfaro explicó que hay reuniones pendientes por varios temas, como con la Comisión de Modernización para Reformas a la Ley Electoral.
Tras la audiencia de primera declaración de los magistrados a mediados de marzo pasado, el abogado defensor César Calderón consideró que se trata de un caso político, pues surgió por la denuncia de inconformes con los resultados comiciales.
Agregó que los propios partidos políticos pidieron un sistema para garantizar la transmisión de resultados preliminares y que si los magistrados no lo hubieran adquirido, estarían acusados de incumplimiento de deberes.
El MP, según trascendió aquí, tiene cinco meses para desarrollar la investigación, plazo durante el cual deberá recolectar los medios necesarios para la siguiente etapa, mediante la cual se decidirá si enfrentarán o no un juicio.
La propia Fiscalía de esta nación confirmó en enero último la emisión por parte de un juzgado de órdenes de captura contra Palencia, Aguilera, Rojas y Franco.
El ente investigativo les atribuyó los cargos mucho después que el Congreso (unicameral) otorgara el 30 de noviembre el retiro de la inmunidad a esos cuatro togados.
Mediante un comunicado desde fuera del país, Palencia estimó imprescindible trasladar la situación actual, principalmente respecto de la posición del TSE y el entramado político, polarización y extrema judicialización imperante.
Ella, Aguilera, Rojas y Franco se vieron obligados a abandonar Guatemala en diciembre de 2023, mientras regresaron para presentarse voluntariamente ante un juzgado y aclarar la situación.
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