El ejercicio se realizó de forma simultánea en las 24 provincias del país con la participación de 12 mil 100 personas de instituciones como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, funcionarios electorales, observadores entre otras.
De esa forma, las autoridades electorales podrán definir cuánto se demorará cada elector en consignar su voto en las 11 preguntas de la papeleta, además podrán cronometrar el tiempo para la transmisión de datos y publicación de los primeros resultados.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, precisó que los paquetes electorales para la votación de los ecuatorianos residentes en México ya están en esa nación, donde el proceso continúa con normalidad a pesar de la reciente ruptura de relaciones diplomáticas.
Este domingo, además, inició oficialmente la campaña electoral con vistas al proceso consultivo y las organizaciones políticas y sociales inscritas recibirán fondos para la promoción de sus argumentos.
Atamaint recordó que los funcionarios públicos no pueden hacer proselitismo político con recursos del Estado, aunque los mensajes en redes sociales no tienen ningún tipo de control.
Unos 13 millones de ecuatorianos deberán responder en dos semanas a interrogantes que conllevarían modificaciones a la Carta Magna.
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El presidente Daniel Noboa busca reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
Otras de las preguntas de la consulta están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de connacionales y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
Tramposa, engañosa e inútil fueron algunos de los calificativos que recibió el procedimiento por parte de 45 organizaciones unidas en el Frente de Lucha por el No a la Consulta.
Ellos consideran que la mayoría de las preguntas pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) y otras dos, la del trabajo por horas y la relacionada con el arbitraje internacional, perjudican al pueblo y la soberanía nacional.
En opinión de los movimientos de la sociedad civil, el mandatario aprovechó el contexto de incertidumbre y miedo para convocar a la consulta, cuyo costo de 60 millones de dólares podría servir para sectores sociales, como educación o salud.
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