Esa entidad, tras realizar un proceso de fiscalización y auditoría de los estados contables de las EPS, y tras contrastar esa información con la entregada a otras dependencias, concluyó que, de las 26 EPS que actualmente hay en el país, 18 desviaron más de nueve billones de pesos (más de dos mil 387 millones de dólares al cambio actual).

El supuesto desvío ocurrió con recursos recibidos por dichos centros durante la pandemia de Covid-19, entre 2020 y 2021.

Los recursos en cuestión son aquellos relacionados con la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), lo que significa, según la Contraloría, que se les dio un uso diferente al valor que el Gobierno paga por cada paciente perteneciente al régimen contributivo.

“Es así como los recursos, que tenían como destino la atención de los pacientes durante la pandemia, fueron desviados en pagos que no correspondían a este fin”, apuntó el Ministerio de Salud y Protección en un comunicado a propósito de la noticia.

Esta no es la primera ocasión en las que surgen irregularidades asociadas al funcionamiento de las EPS, que son las entidades responsables de la afiliación y registro al sistema de la regularidad social y de la prestación del plan obligatorio de salud.

Durante febrero pasado, un informe de la Contraloría General divulgó que 26 EPS adeudan 25 billones de pesos (unos seis mil 385 millones de dólares al cambio actual) a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de medicamentos y tecnologías, mientras que 16 no cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley.

Asimismo, hace pocas semanas, Carolina Corcho, miembro de la Comisión de Seguimiento de los Recursos de la Salud en el país, aseguró que cuatro de estas entidades presentan una presunta pérdida total de 11,8 billones (un millón de millones) de pesos, poco más de tres mil millones de dólares al cambio actual.

mem/ifs