Según explicó el diplomático en entrevista para la agencia de noticias TASS, “de hecho, el 27 de marzo se entregó a la parte ucraniana una nota con exigencias de cumplimiento de obligaciones derivadas de convenios internacionales contra el terrorismo”.
Se trata de la inmediata detención y extradición de todas las personas implicadas en los actos terroristas cometidos en Rusia desde 2022: las explosiones en el puente de Kerch en Crimea, en San Petersburgo, y los atentados con bomba contra coches de activistas de derechos humanos y periodistas.
Las convenciones internacionales contra el terrorismo cubren también el atentado del 22 de marzo en el Crocus City Hall a las afueras de Moscú», declaró Polischuk.
«Esos delitos no prescriben. En el contexto de los mecanismos jurídicos internacionales, trataremos de llevar ante la justicia a los autores y responsables de cada atentado terrorista», agregó.
Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que las acciones de investigación llevadas a cabo por las autoridades competentes rusas apuntan a un rastro ucraniano en una serie de atentados terroristas en Rusia, incluido el ataque en la sala de conciertos Crocus City Hall.
En este sentido, la cancillería rusa entregó a Kiev demandas en virtud del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas y del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, para la inmediata detención y extradición de todas las personas implicadas en estos ataques terroristas.
Entre las exigencias figura la detención del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasili Maliuk.
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