La norma fue aprobada por la Comisión de Constitución del Congreso e incluye a los titulares del JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) entre las autoridades pasibles de denuncias constitucionales y juicios políticos para su inhabilitación hasta por 10 años.
Los citados funcionarios están en la mira del Congreso desde las elecciones de 2021, cuando desestimaron por inconsistentes denuncias de fraude y otras acciones de los partidos de derecha extrema para anular la elección presidencial de Pedro Castillo.
El proyecto de ley, que implica una reforma constitucional, está pendiente de su aprobación en dos legislaturas para entrar en vigencia y sus promotores argumentaron una recomendación del Tribunal Constitucional para incluir a las autoridades electorales entre las que pueden ser objeto de antejuicio por delitos penales y no a procesos de inhabilitación y consiguiente cese.
Sin embargo, la presidenta de la comisión de Constitución, Martha Moyano, alegó que el Congreso tiene potestad para llevar adelante procesos de inhabilitación sumaria.
El proyecto aprobado autoriza además al Legislativo a acusar y procesar a los titulares del JNE, Jorge Salas; la ONPE, Piero Corvetto, y el Reniec, Carmen Velarde, incluso después de su nombramiento.
El JNE rechazó hoy mismo el proyecto en un comunicado y consideró legalmente inviable que un organismo político, el Congreso, controle las decisiones de los órganos electorales.
Tal atribución resultaría contraria “a los principios que sostienen a un Estado constitucional y democrático de derecho, con respecto a la separación de poderes, independencia e imparcialidad”, agregó.
Esa situación afectaría, agregó, a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad, que se permita que un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso controlen las decisiones de los organismos electorales.
Señala que, con ese poder, los congresistas podrían sancionar a autoridades electorales, sobre la base de una valoración política y no jurídica, “configurándose una clara vulneración al derecho de ser juzgado por jueces imparciales”.
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