Junto al extitular del también expresidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fueron aprehendidos Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo para el Desarrollo Nacional, y el empresario Samark López, ligados a esta trama que explotó el pasado año.
En conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público explicó los nuevos elementos de lo que denominó segunda fase de la investigación de la operación en la que estuvieron implicados Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Saab detalló que hasta la fecha un total de 54 personas fueron acusadas por sus implicaciones en este sonado caso, todas, dijo, “detenidas, imputadas y acusadas”, mientras sobre otras 17 pesan órdenes de aprehensión.
Los detenidos serán acusados por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación, añadió.
Reveló que la delación de cinco detenidos -acogidos a la protección de testigos- aportó nuevos elementos que permitieron avanzar en las investigaciones para identificar a los cabecillas de esta trama que, según datos divulgados sin confirmar por fuente oficial, ocasionaron pérdidas económicas por miles de millones de dólares.
El titular del Ministerio Público manifestó que lograron desmembrar una red de funcionarios que usaban sus cargos para “realizar operaciones petroleras ilegales”, y no descartó que los altos funcionarios estuvieran vinculados con el gobierno de Estados Unidos.
Sobre el modus operandi enunció que se valían de las llamadas “empresas maletín” y pagaban en criptomonedas en el extranjero para manejar “ese dinero a su antojo” e impedir que los fondos ingresaran al Banco Central de Venezuela.
De esta manera, agregó, controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario y pretender acabar con la economía del país.
Incumplieron asimismo con las normas de contratación de Pdvsa y los pagos correspondientes a la empresa, al entregar cargas de petróleo a la Sunacrip y a particulares «sin ningún tipo de control administrativo ni garantías”, mencionó.
El 27 de abril de 2023 el Parlamento venezolano aprobó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que tiene por objetivo establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a estas.
La normativa jurídica fue aprobada en segunda discusión por unanimidad y con carácter de urgencia reglamentaria, contiene 48 artículos, distribuidos en cuatro capítulos y una disposición derogatoria final, donde explica cómo proteger los bienes recuperados de manera irregular.
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