Una nota de la PF indica que, en total, fueron expedidos 18 mandatos judiciales de búsqueda y aprehensión, expedidos por el Supremo Tribunal Federal (STF), en los estados de Rio Grande do Norte (uno), Santa Catarina (uno), Pará (cuatro), Sao Paulo (uno), Minas Gerais (tres), Espíritu Santo (cuatro), Tocantins (uno) y Mato Grosso do Sul (tres).
Se determinó la indisponibilidad de bienes, activos y valores de los investigados, y se espera que los importes de los daños causados al patrimonio público puedan llegar a la cifra de 40 millones de reales (unos ocho millones de dólares).
En teoría, los hechos investigados constituyen crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
Las investigaciones continúan en curso y la Operación Lesa Patria es permanente, con actualizaciones periódicas sobre el número de órdenes judiciales expedidas y personas capturadas.
Hasta ahora, a 188 asciende la cifra de condenados por participar en el intento golpista contra las capitalinas sedes del Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial.
A tal dígito se llegó después que el STF sancionara a otros 15 implicados en los episodios antidemocráticos, teniendo en cuenta los cargos presentados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Cada acusado fue juzgado de forma individual en el pleno virtual del Supremo, cuando los ministros insertan sus votos en el sistema electrónico.
Para 13 personas, las penas fueron fijadas en 14 años de prisión y para las dos restantes resultó de 17 calendarios.
La página oficial del STF indica que la mayoría del pleno acompañó el voto del ponente, ministro Alexandre de Moraes, en el sentido de que, «al pedir intervención militar, el grupo del que formaban parte tenía intención de derrocar al gobierno democráticamente elegido en 2022».
El ponente observó que, conforme argumentaba la PGR, se trata de crimen de autoría colectiva (ejecución multitudinaria) en que, a partir de una acción conjunta, todos contribuyeron para el resultado.
De Moraes constató que, entre las muchas pruebas presentadas por la PGR, algunas son explícitas, producidas por los propios involucrados, como mensajes, fotos y videos publicados en redes sociales.
También hay registros internos de cámaras del Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y del STF, y pruebas basadas en vestigios de ADN encontrados en esos locales, además de alegatos de testigos.
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