Publicado en Semanario Universidad, resalta que el 32 por ciento, o sea, 12 de 37 proyectos recibieron el aval de los diputados y el enfoque que prevalece en las discusiones apunta a condiciones más severas para temas como libertad preventiva, condicional y, en general, la ejecución de las penas.
Precisa el análisis que de tres agendas planteadas inicialmente, 12 propuestas se han convertido en ley, siete fueron desechadas y 15 todavía se negocian.
Detalla que la agenda de seguridad consiste de 37 diferentes propuestas, de las cuales todavía faltan dos proyectos por redactar.
La agenda con mayor índice de aprobación fue la legislativa. De este listado, 12 avanzaron, tres fueron archivadas, seis están en comisiones, dos en Plenario y tres en negociación.
Pero la de mayor exposición es el listado de la Mesa de Trabajo, que tiene dos proyectos aprobados, sanción contra préstamos gota a gota, y fortalecimiento de Registro Judicial.
Esta, sin embargo, se ha convertido en el centro de la negociación: los jefes de fracción esperan los ajustes para la ley de naturalizaciones, la reforma a la jurisdicción contencioso administrativa y las intervenciones telefónicas, la discusión sobre reformas para armas prohibidas, y reformas claves a prisión preventiva y legislación penal, como el polémico concepto de riesgo para la comunidad.
Es decir, alrededor de un 40 por ciento de las propuestas se encuentra en comisión o en momentos de negociación: quiere decir que casi la mitad de la agenda todavía no madura.
Para Steven Cerdas, de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, hay iniciativas que tendrán efecto, en particular en temas como reformas a tenencia de armas, pero el atraso en tecnología e inversión es muy alto.
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