Según señaló a sus seguidores el abanderado del Partido Popular, de triunfar en las urnas el venidero 5 de mayo, en el tercer año de su administración, a través de una consulta ciudadana de carácter vinculante que impulsará, el soberano decidirá si ha cumplido sus compromisos, caso contrario podría cesarlo en sus funciones de jefe de Estado.
Añadió que esto quiere decir que, si el pueblo panameño estima que no ha cumplido, propondrá de inmediato que dentro de la reforma constitucional que también estimulará, se incluya la revocatoria de su mandato con vigencia inmediata.
“Es hora de que los candidatos dejen de mentir”, remarcó.
En un conversatorio con representantes de organizaciones populares y de la sociedad civil, el hijo del general Omar Torrijos (1929-1981) agregó que como dirigente político está identificado con las necesidades de la gente, y que su Gobierno no será de persecuciones ni revanchismos, estará dirigido a reunificar y reconstruir el país.
A su juicio, la nación canalera está profundamente dividida, y la conformación de la próxima Asamblea Nacional (parlamento) así lo va a confirmar, en consecuencia, se requiere de un gobierno con liderazgo, pero sin autoritarismo ni prepotencia; con capacidad de convocar consensos, pero sin rehuirle a las decisiones, por muy difíciles que sean.
En medio de las campañas políticas, otro tema que trasciende son las críticas a la CSJ, con la mayoría de los magistrados de vacaciones o de viaje pero aún sin decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad a la candidatura presidencial del abanderado de Realizando Metas (RM) y Alianza, José Raúl Mulino.
La CSJ, que ganó prestigió el año pasado cuando declaró inconstitucional un contrato minero con la trasnacional canadiense First Quantum, ahora pareciera haber decidido rehuir una responsabilidad tan grande con la justicia y con la democracia, según el excanciller y analista Jorge Ritter.
Por su parte, el exmagistrado Edgardo Molina dijo al diario La Prensa que el electorado merece conocer el fallo antes del 5 de mayo, aunque desde este martes comenzó el proceso de voto adelantado para el cual están habilitados miles de connacionales residentes en el exterior.
Para el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) Saúl Méndez , la ausencia de cinco de los nueve magistrados es una maniobra cobarde de esos letrados que calificó de irresponsables.
Desde marzo pasado, la abogada Karisma Karamañites demandó un controversial acuerdo del Tribunal Electoral, con el que se inhabilitó al exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014) para competir en las elecciones de mayo, tras haber sido condenado por el delito de blanqueo de capitales, pero autorizó a Mulino a asumir la candidatura principal de RM y Alianza.
Karamañites sustentó que esa candidatura no fue sometida a votación en las elecciones primarias de RM, mientras el pasado 19 de abril, concluyó el plazo para que los interesados presentaran ante la CSJ sus alegatos sobre la viabilidad o no de la demanda.
Por su parte, Martinelli permanece asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el pasado 7 de febrero, estadía que el Ejecutivo cuestiona porque desde allí el exgobernante vulnera normas constitucionales al hacer propaganda política.
El venidero 5 de mayo, más de tres millones de panameños decidirán en las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 71 diputados a la Asamblea Nacional.
Con el voto elegirán además a 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
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