El 9 de enero pasado, cinco de días antes del vencimiento legal del plazo para solicitar cualquier revocatoria, la administración anterior aprobó el documento con clarísimas anomalías, precisó la titular.
La funcionaria eñaló irregularidades en las firmas, sellos falsos, entre otras, en el marco de una reunión de la Comisión Energía y Minas del Congreso (unicameral) del país, a partir de la situación con esa entidad del suroriental departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador.
“Hoy tenemos un Ministerio de Ambiente que básicamente ha decaído deliberadamente en ser un proceso de maquila de licencias ambientales bajo procesos muy opacos”, comentó ante los presentes Orantes.
Este es uno de los grandes retos que tenemos en estos años, revertir la situación a un organismo fuerte, transparente, porque lo utilizaron, mal utilizaron y debilitaron, subrayó.
Agradeció al Parlamento Centroamericano (Parlacen) “porque nos viene a hablar fuerte y claro sobre la eventualidad de que se contaminen las aguas, nuestra región en general (este país, El Salvador y Honduras)”, acotó.
La ministra aseguró que el análisis les permite buscar la ruta y poder solicitarle a la empresa canadiense Bluestone Resources que vuelva a presentar esa solicitud de permiso.
En la cita, representantes del Parlacen trasmitieron la aprobación de una iniciativa que dispuso recomendar la preservación de los recursos naturales de Guatemala y El Salvador debido a las operaciones de la mina Cerro Blanco.
Participantes del municipio Asunción Mita insistieron en que se respete el mandato del pueblo que dijo no a la minería.
Sus palabras recordaron la consulta popular de septiembre de 2022, en la cual con siete mil 481 votos la población local rechazó el proyecto.
“Esta empresa ha trabajado por medio de la corrupción, comprando voluntades en el ministerio y en el Gobierno anterior”, aseveró en el legislativo días atrás Peter Arrieta, vecino del lugar.
Expertos advirtieron antes que el plan actual sobre el manejo de deslaves no sería aceptado en ninguna parte y que la reactivación “implicaría graves riesgos ambientales”.
La mina Cerro Blanco tiene licencia para buscar oro y plata desde 2007 y, según estudios, los resultados no han sido los esperados por el proyecto.
En 2016, la empresa Goldcorp se declaró en bancarrota y la vendió un año más tarde a Bluestone Resources, que decidió cambiar el método de subterráneo a cielo abierot.
Para impulsarlo buscó acercarse a la población y argumentarles la diferencia; sin embargo, esto puso en alerta a los pobladores, quienes promovieron la consulta y desde entonces no han bajado los brazos en sus reclamos.
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