La legisladora Inés Alarcón, del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) afirmó que tras conocer los datos finales de los sufragios, el presidente Daniel Noboa, promotor del proceso consultivo, enviará a la Asamblea proyectos de ley para concretar las iniciativas aprobadas.
Después de eso, los asambleístas tendrán 60 días para pronunciarse, indicó Alarcón al canal Ecuavisa, donde detalló cómo debería ser el procedimiento hasta llegar al plenario.
Al interior de la Asamblea, existe la propuesta de crear una comisión ocasional para que tramite todo los proyectos de ley que remitirá Noboa relacionados con la consulta popular, aunque algunos sectores políticos se oponen a esa idea.
Hasta el momento, 18 provincias concluyeron el escrutinio, pero aún faltan seis, de acuerdo con reportes del Consejo Nacional Electoral.
Según los resultados divulgados, en la consulta popular y referendo del pasado domingo, los ecuatorianos votaron Sí a nueve de las 11 preguntas de la boleta, todas relacionadas con el tema de la seguridad.
La población aprobó el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional aunque el país no se encuentre en estado de excepción, la extradición, el incremento de penas, el cumplimiento de sentencias completas dentro de prisiones, permiso para usar armas incautadas y otras medidas.
Este martes, en un evento para colocar la primera piedra la Universidad de Machala, Noboa señaló: «De pequeño me enseñaron a leer marcador y nueve a dos es una goleada”.
Ese pronunciamiento responde a quienes calificaron como un triunfo popular que la ciudadanía votara No a la propuesta de instaurar el trabajo por horas y el arbitraje internacional, consideradas las más importantes de la consulta, pues el resto podía tramitarse en la Asamblea directamente. El Gobierno ya no tiene pretexto para dar resultados importantes en materia de seguridad, dijo a la emisora Radio Pichincha el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leónidas Iza.
En opinión del economista Alberto Acosta, se impuso la defensa de la soberanía nacional y de los derechos laborales, y también el miedo que provoca la creciente inseguridad, que no encontrará una salida con más represión y populismo penal.
Expertos en materia jurídica consideran que a partir de este momento el mandatario no tendrá excusas para poner freno a la inseguridad, aunque alertan que la implementación de las propuestas de la consulta no servirán de mucho si no se adoptan medidas de corte social para disminuir la desigualdad.
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