La comitiva estuvo acompañada por una marcha de nativos que llegó hasta el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia, tras interrumpir el tráfico vehicular a lo largo de la Explanada de los Ministerios, con el lema «Nuestro Marco es Ancestral: ¡Siempre Estuvimos Aquí!».
Formado por coordinadores del movimiento indígena, el grupo entregó a Lula la misiva con 25 demandas.
Además del mandatario, a lo largo de la semana, liderazgos de los poderes Legislativo y Judicial también recibieron la carta.
Entre los puntos del documento, 19 son dirigidos al Poder Ejecutivo y enfatizan en el llamado marco temporal en la demarcación de tierras indígenas.
Tal texto fue aprobado por el Legislativo tras la articulación de la poderosa bancada ruralista como respuesta a la decisión del Supremo Tribunal Federal que juzgó inconstitucional la tesis de que deben ser demarcados los territorios, considerando la ocupación originaria en 1988, fecha de la promulgación de la Constitución.
En los agregados dirigidos al Poder Legislativo, los originarios piden la retirada de tramitación de propuestas como una que trata de la indemnización para propietarios con áreas en terrenos a ser demarcados como indígenas.
Respecto al Poder Judicial, el contenido pide, en particular, la declaración de inconstitucionalidad de la ley que aborda la teoría temporal para la jurisdicción de posesiones nativas.
La marcha forma parte de los actos que marcan los 20 años del denominado Campamento Tierra Libre (ATL), organizado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Esta fue la segunda y última de la movilización que se inició el lunes y cierra mañana.
La carta alerta que, al registrar 20 años de lucha y resistencia del ATL, la mayor manifestación indígena del país, se redactó su texto en el escenario de un momento crucial para los pueblos originarios.
Indica que, «a pesar del reciente cambio de Gobierno, las amenazas a nuestros territorios, culturas y derechos persisten, reforzadas por el contexto del año más caluroso registrado en la historia, evidenciando la continua emergencia indígena».
El escrito comunica al presidente que las comunidades nativas no quieren vivir en haciendas y la propuesta hecha de comprar tierras para asentar a los pueblos aborígenes afronta el derecho originario de ocupación tradicional asegurado por la Constitución federal de 1988.
«(Lula) ya estamos en el segundo año de Gobierno y sus promesas sobre demarcaciones siguen pendientes», remarca la carta.
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