Con espacios para impulsar el desarrollo económico y social, cultura, medio ambiente, educación, salud y derechos humanos de los indígenas, la cita concluye tras una amplia agenda que incluyó análisis de documentos regionales y de carácter global.
El evento promovió además un espacio de diálogo con el relator especial sobre los derechos de esos pueblos, José Francisco Calí, y el Mecanismo de expertos de Naciones Unidas.
Otros de los temas centrales fue el examen anual de los progresos realizados en la aplicación de la recomendación general 39 emitida en 2022 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, siglas en inglés).
Entre otros aspectos, la normativa proporciona orientación a los estados partes sobre las medidas legislativas, políticas y otras pertinentes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres y las niñas indígenas.
A la par, otros diálogos temáticos se centraron en la financiación para la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo, el clima, el medio ambiente y la diversidad biológica.
De acuerdo con estimaciones de la ONU, la población indígena global asciende a 476,6 millones, de los cuales más de la mitad son mujeres, mientras que 52,2 millones viven en América Latina.
A pesar de esta paridad, fenómenos como la discriminación y la violencia resultan recurrentes en la vida de muchas féminas fuera y dentro de sus territorios.
En Latinoamérica, el Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas está integrado por 19 países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela; junto a España, Bélgica y Portugal como miembros extra regionales.
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