Iniciada el pasado 22 de abril y con el sector educacional como el principal abanderado del paro, la convocatoria llamó a los trabajadores del sector público a permanecer en casa en exigencia del aumento del salario mínimo nacional y por un menor Impuesto sobre la Renta del Trabajo, entre otras reivindicaciones.
Aunque el pasado 19 de abril se dio a conocer un decreto presidencial que estableció a partir del 1 de junio una remuneración suplementaria de 30 mil kwanzas (alrededor de 36 dólares) para los funcionarios y agentes administrativos del régimen general de la función pública, esto no detuvo la huelga.
La Unión Nacional de Trabajadores Angoleños –Confederación Sindical, la Central General de Sindicatos Libres e Independientes de Angola y la Fuerza Sindical manifestaron sentirse “perplejas” por el decreto presidencial y significaron que estas decisiones no responden a sus preocupaciones.
Señalaron que no se trata solo de un aumento del 100 por ciento de los salarios de la Administración Pública, sino también del salario mínimo, actualmente de 32 mil 181,15 kwanzas (alrededor de 39 dólares), a 100 mil kwanzas (alrededor de 120 USD).
Otro punto importante es la reducción de la presión fiscal, “que ha sido un verdadero león frente a los exiguos ingresos de los trabajadores”, apuntaron.
Las centrales sindicales consideraron que el Ejecutivo adoptó una posición unilateral de determinar lo que debe o no ofrecer a los trabajadores, independientemente del coste de la vida y del nivel de inflación.
Añadieron que esa actitud “refleja la indiferencia del Gobierno ante las preocupaciones reales de los trabajadores”.
Concluida esta etapa, de no llegar a un acuerdo habrá una nueva paralización del 3 al 14 de junio, anunciaron las centrales sindicales desde que hicieron pública su decisión.
Sin embargo, un consenso parece estar lejos, pues aunque ambas partes manifiestan disposición al diálogo, las organizaciones obreras ya cedieron en anteriores negociaciones y el Gobierno insiste en que las finanzas del Estado no permiten un incremento del 100 por ciento del salario en la función pública.
El Ejecutivo advirtió, además, sobre los riesgos de llevar el salario mínimo nacional a 100 mil kwanzas, por la obligatoriedad que ello implica para todos en la sociedad, lo cual pudiera conducir a mayor desempleo.
La propuesta gubernamental era fraccionar el salario mínimo nacional por categorías de empresas, para mantener un equilibrio entre las demandas y las necesidades de las compañías, así como preservar los empleos.
En tanto, en materia de remuneración del sector público llevaron a la mesa un incremento gradual del 25 por ciento anual hasta 2027, propuestas que fueron rechazadas por los sindicatos.
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