A través de la rede social X, los profesionales reunidos en el espacio Somos Télam condenaron las acciones contra esa institución y confirmaron la continuidad de los acampes en sus sedes en esta capital para defenderla.

En la publicación, precisaron que la víspera el interventor Diego Chaher envió una nota interna donde comunicó la ejecución del cierre operativo de las corresponsalías.

Esto se da en paralelo al avance en la Cámara de Diputados de la Ley Ómnibus, la cual incluye, entre otras cosas, el intento de privatización de Radio Nacional y la Televisión Pública, explica el texto.

Además, señala que el hecho ocurre tras el rechazo a un recurso interpuesto por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, el cual abre el camino para la privatización de varios organismos.

Por otra parte, denuncia “una campaña psicológica contra los profesionales de los medios públicos que empezó el mismo día en que Javier Milei ganó la segunda vuelta de las elecciones generales”.

Ya estamos acostumbrados y no nos vamos a dejar amedrentar. El fallo sobre el DNU no otorga facultades a los interventores para cerrar, liquidar o disolver Télam ni ninguna otra entidad, indica el mensaje.

El intento de clausurar las corresponsalías se inscribe en la misma lógica de ataque a las emisoras de Radio Nacional de todo el país. Atentan contra nuestro rol federal para que carezcamos de sentido social, añade.

Además, acusa a Milei de actuar contra la soberanía.

Los medios públicos garantizan información propia en todo el país. A 60 días de acampe, continuamos con la misma fortaleza y convicción, con la certeza de que el Gobierno no puede cerrar Télam y que para destruirla necesita atacar a sus trabajadores, asevera.

Seguimos más fuertes que nunca y conscientes de que, como nos enseñaran las Madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona, concluye.

El 1 de marzo, Milei comunicó el fin de Télam, arremetió contra las instituciones de ese tipo y quienes se pronuncian en su contra.

Tres días después, fue desactivada la página web de la agencia y la Policía colocó vallas en los alrededores de sus sedes en esta ciudad.

Sus profesionales no pudieron ingresar más a los locales, recibieron licencias obligatorias y una propuesta de un supuesto retiro voluntario.

Desde entonces, varios de ellos permanecen frente a esos locales, realizan una campaña de recolección de firmas y varias iniciativas para reclamar su continuidad y resaltar su importancia.

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