El boletín publicado este miércoles señala además que hay otros cuatro óbitos bajo investigación y se registran 128 desaparecidos y 372 heridos.
También existen 230,4 mil personas fuera de casa. De ese total, 66,7 mil están en refugios y 163,7 mil desplazadas (en moradas de familiares o amigos).
La división territorial tiene 417 de sus 497 municipios con algún relato de problema relacionado con el temporal y 1,4 millones de personas afectadas.
A partir de esta mitad de semana se vaticinan más lluvias en áreas ya castigadas y vuelve a poner el estado en alerta.
Sebastião Melo, alcalde de Porto Alegre, capital estadual, recomendó que los residentes de los barrios Cidade Baixa y Menino Deus abandonen la región.
Directivos del estadio del club deportivo Grêmio comunicaron que no tienen más estructura para acoger a desplazados.
Además del césped inundado, la administración afirma que está sin agua y energía y, por eso, hace el traslado de más de 300 personas a refugios municipales.
Hospitales de campaña fueron establecidos por el Gobierno federal para ayudar a heridos y personas sin hogar.
El estado registra al menos 454,9 mil puntos sin energía eléctrica.
De igual manera, la Compañía Riograndense de Saneamiento, que suministra agua a 6,5 millones de personas en 317 municipios, suma 606,7 mil inmuebles sin abastecimiento (21 por ciento del total de puntos).
En Porto Alegre, el Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado informó que dos de las seis plantas de tratamiento de agua están fuera de operación.
Por su parte, la operadora Tim indicó que hay 16 municipios sin servicios de telefonía e internet.
La cobertura de Vivo, marca comercial de Telefónica Brasil, está perjudicada en 35 ciudades. En Claro, son seis municipios sin señal.
Los operadores liberaron paquetes de Internet gratis para clientes y permitir que la comunicación sea mantenida en medio de las precipitaciones e inundaciones que azotan el territorio.
Ante sucesos delincuenciales, el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informó que adoptará medidas para garantizar la seguridad de la población.
Persisten registros de saqueos en alojamientos y robos de embarcaciones.
Leite solicitó al Ministerio de Justicia más hombres de la Fuerza Nacional y activó gobernadores de estados vecinos para el envío de efectivos policiales.
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