De acuerdo con la Fiscalía, entre noviembre de 2019 y enero de 2021 las compañías Indura y Linde acordaron asignarse zonas o cuotas de mercado para no competir entre sí y de esta forma elevar las tarifas y aumentar sus ganancias.
Este “pacto de no agresión” o “acuerdo de caballeros”, como lo llamaron los propios directivos, afectó a varios sectores, entre ellos el hospitalario, donde miles de personas ingresadas necesitaban oxígeno para sobrevivir a la Covid-19.
Pero también causó impactos en los rubros metalúrgico, papelero, forestal, constructivo, acuícola, alimentario, farmacéutico, minero; así como en la refinación de petróleo, el acero y los vidrios, entre otros.
“Hay que subir los precios sin compasión, sin piedad”, dijo en aquella ocasión un alto ejecutivo, de acuerdo con uno de los audios interceptados por el Ministerio Público.
Esta maniobra afectó, entre otros, al hospital Félix Bulnes, uno de los más grandes de la Región Metropolitana, en el que ofrecieron productos hasta 41 por ciento por encima de su valor.
“Cuesta creer que en los momentos en que más se necesitaba oxígeno y tantos perdieron la vida, personas pensaron que podían hacer negocios de manera ilegal a costa de ello”, declaró el presidente chileno, Gabriel Boric.
El mandatario instruyó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, poner los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para evaluar acciones legales porque, dijo, “creemos que esto puede ser un grave atentado a la salud pública y no lo vamos a permitir”.
Por esta conspiración en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en contra de ambas compañías y tres de sus ejecutivos.
Durante las pesquisas, la FNE constató que el pacto se concretó en una reunión de los gerentes generales celebrada el 11 de noviembre de 2019 en un café de la acomodada comuna de Las Condes.
“Los productos afectados son sumamente relevantes para el funcionamiento de múltiples áreas de nuestra economía y la salud de las personas”, señaló la Fiscalía, la cual instó a que se impongan sanciones ejemplarizantes.
Indura es controlada por la compañía estadounidense Air Products and Chemicals, mientras que Linde es filial de la multinacional irlandesa Linde plc.
“Es muy grave que en Chile algunas grandes empresas sigan operando como carteles. Esperamos máximas sanciones”, escribió en su cuenta de X el senador Daniel Núñez.
Mientras, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami opinó que “toda empresa coludida debe perder su licencia de operación. Es el camino para poner fin a los delitos de cuello y corbata”.
ro/car
