Según la pesquisa del portal UOL, unas 51 personas sospechosas de participar en episodios antidemocráticos después de las elecciones presidenciales de 2022 tienen órdenes de detención pendientes o se fugaron tras romper sus aparatos de monitoreo telemático.
De ellos, 10 huyeron al exterior este año a través de las fronteras de los sureños estados Santa Catarina y Rio Grande do Sul, con rumbo a Argentina y Uruguay.
Siete de los fugitivos ya recibieron condenas del Supremo Tribunal Federal (STF) con penas superiores a 10 años de prisión.
Del grupo de 10 prófugos, seis son mujeres, y la mayoría es natural de los estados del sur y sudeste del país, con promedio de edad de 50 años.
El levantamiento fue realizado utilizando registros del STF y del Consejo Nacional de Justicia, incluyendo órdenes de prisión, además de testimonios de familiares, investigadores, amigos y abogados.
Los juristas de los inquiridos y acusados refutan las alegaciones de que ellos hayan saqueados edificios públicos o participado en la asonada del 8 de enero de 2023.
Argumentan que estaban en los edificios de los Tres Poderes en esta capital solo para refugiarse de bombas lanzadas por agentes de seguridad.
De acuerdo con la legislación brasileña, la destrucción de la tobillera y la fuga no acarrean un aumento en el castigo, pero el fugitivo pierde el derecho al régimen abierto, siendo transferido para el semiabierto o cerrado.
Sin embargo, ayudar en la evasión se considera delito, sujeto a una pena de seis meses a dos años de prisión.
Trascendió que tres mujeres, que fueron detenidas dentro del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, e intentaron huir a Uruguay a principios de año ya estaban sin el monitoreo de las tobilleras electrónicas y sin presentarse a las autoridades al menos cuatro días antes de la partida hacia el país vecino.
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y depredaron el 8 de enero de 2023 las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y Planalto.
Hasta la fecha fueron sentenciados 216 acusados de participar en los eventos antidemocráticos.
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