La situación es tranquila, lejos del tenso ambiente de las protestas y los bloqueos de autopistas con tractores que pusieron en jaque al ejecutivo en enero y febrero, obligando al primer ministro Gabriel Attal a presentar varios paquetes de medidas a favor del sector.
Sin embargo, los sindicatos de campesinos se declaran atentos al análisis de la iniciativa en el Parlamento, listos para volver a la movilización si sus demandas no quedan satisfechas.
Los bajos ingresos, los obstáculos burocráticos y la competencia desleal estuvieron en el centro de las denuncias de los agricultores, un movimiento que impactó a varios países de la Unión Europea durante el primer trimestre del año.
El proyecto de ley recoge promesas gubernamentales para calmar la cólera en los campos, entre ellas el reconocimiento de la agricultura como “interés general mayor” de la nación.
En ese sentido, el documento pondera el término de soberanía y lo vincula con elementos que van desde la producción sostenible de biomasa hasta la descarbonización.
Asimismo, promueve la simplificación de trámites, la formación y el impulso a proyectos de irrigación y cría, además de aliviar las sanciones en caso de daños ambientales, una concesión que ya comenzó para atenuar las protestas.
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