Este lunes, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, solicitó archivar el expediente referido a la Ley de Justicia Transicional, junto a dos proyectos de leyes de búsqueda de personas desaparecidas y otro para la protección de pueblos indígenas.
La decisión destapó críticas de sectores vinculados a las víctimas y defensores de derechos humanos que dijeron que la justicia para los martirizados del conflicto de los años 80 nunca fue una prioridad para el foro legislativo.
Al respecto, el representante y fundador de Víctimas Demandantes (VIDAS), Benjamín Cuéllar, lamentó que la nueva Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa tomara esa decisión que puede ser ratificada por el pleno de la Asamblea.
Cuéllar aseguró que la consulta realizada por la anterior Comisión de Justicia y Derechos Humanos 2021-2024 presidida por la exdiputada Rebeca Santos fue «un show» y auguró que la historia «se va a repetir», ya que la protesta social es el real «enemigo interno” ante el cual el gobierno actual ha requerido públicamente el respaldo de la Fuerza Armada.
El demandante, quien era primo de la activista Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, víctima de la desaparición forzada en 1982 junto a su padre Mauricio Cuéllar Sandoval y su colaboradora Julia Orbelina Pérez, estimó que la propuesta de archivo “debería ser un llamado de atención a las víctimas” y “no queda más que organizarse y luchar por hacer valer sus derechos».
La propuesta de ley de justicia transicional que puede ser archivada plantea la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos en el conflicto armado y establecía un “Sistema nacional de reparación integral y acceso a la justicia”, un Consejo Nacional de Verdad y Reparación Integral, la creación de un registro nacional de víctimas, entre otras acciones.
Coincidiendo con la decisión, una organización de derechos humanos de El Salvador pidió la víspera «justicia y reparación» por las 600 personas masacradas por militares a orillas de un río hace 44 años mientras intentaban escapar de la guerra civil.
El 14 de mayo de 1980, más de 600 niños, mujeres y ancianos fueron asesinados en la comunidad Las Aradas, a orillas del río Sumpul, en la frontera con Honduras, a unos 100 kilómetros al norte de San Salvador.
Una pesquisa de la Comisión de la Verdad creada por la ONU concluyó en 1993 que los militares «dieron muerte deliberadamente» a estos civiles «no combatientes» que intentaban cruzar el río para refugiarse en Honduras.
La guerra civil salvadoreña dejó más de 75 mil muertos, miles de desaparecidos y cuantiosas pérdidas a la economía nacional, señalan defensores de derechos humanos.
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