En un comunicado la entidad gubernamental solicitó a la ONU y a la Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) que tomen cartas en el asunto, teniendo en cuenta que los recursos de la mina de Rubaya, actualmente en manos de los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), son enviados a la nación vecina.
El ministerio dijo que espera el compromiso firme de todas las partes interesadas, incluidos los consumidores finales de estos productos.
De acuerdo con la denuncia de la RDC, al hacerse cargo de Rubaya el M23 introdujo nuevos impuestos sobre la explotación de minerales congoleños a los comerciantes y mineros artesanales.
Estos están obligados a pagar un gravamen único de tres mil dólares por tonelada para el coltán y de dos mil dólares por tonelada para la casiterita, los cuales se pagan en la capital ruandesa.
Igualmente señalaron que los rebeldes almacenan los minerales en Mushake y luego los exportan a Ruanda, lo que constituye una violación flagrante de las disposiciones internacionales y regionales en la materia.
El pasado 3 de mayo el M23 se hizo con el control de la ciudad minera de Rubaya, en el territorio de Masisi perteneciente a la provincia de Kivu Norte, un enclave que es considerado el pulmón económico del sector minero provincial en términos de ingresos.
La ocupación ilegal de la mina supone una importante pérdida, pues solo la producción de coltán representa el 50 por ciento de la producción nacional, mientras que el yacimiento contiene además manganeso, casiterita y turmalina, considerados estratégicos para la industria electrónica.
La explotación ilegal y la comercialización de minerales extraídos de este sitio ya era una preocupación antes de que cayera en manos del M23, pero la nueva situación allanó el camino para el tráfico hacia los países vecinos.
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