Este petitorio es demandado por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, afirmó el alto diplomático en su cuenta de la red social X.
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Gil expresó su solidaridad con el Gobierno y pueblo cubanos, “que no solo han sido víctimas del terrorismo internacional, sino que son atacados a través de la aplicación de medidas criminales y un bloqueo económico injusto e ilegal”.
El ministro bolivariano para Relaciones Exteriores respondió a un mensaje de su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en el cual expresó que “no basta con reconocer que Cuba coopera plenamente con esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos”.
Rodríguez señaló que el gobierno estadounidense “debe sacar a nuestro país de la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, que es sólo un pretexto para aplicar medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo cubano.
La Cancillería de La Habana expresó en una declaración el 15 de mayo que la corrección de esa injusticia “es alto y reiterado, de parte no solo del pueblo cubano, y de numerosos gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe”.
Subrayó que el llamado proviene también de organizaciones políticas, sociales y religiosas dentro de los propios Estados Unidos y de varios políticos de ese país.
La clara y absoluta verdad es que Cuba no patrocina el terrorismo, sino que ha sido víctima de este, incluido el terrorismo de Estado, como puede constatar todo el que se interese en el tema, insistió.
Recalcó que esta cuestión la conoce perfectamente el gobierno de Estados Unidos, su Departamento de Estado, y sus agencias de inteligencia y aplicación y cumplimiento de la ley.
También conocen el daño extraordinario que provocan a la economía cubana las medidas, las acciones y el efecto intimidatorio que automáticamente se desata contra todo Estado que aparezca mencionado en esa lista, con independencia de cuál sea la verdad, aseveró.
Al clausurar ayer el Seminario Regional del Caribe del Comité de Política y Descolonización de la ONU, que sesionó en Caracas con 41 delegaciones, Gil afirmó que ningún país tiene derecho de aplicar extraterritorialmente sanciones ni medidas coercitivas unilaterales que atenten contra el bienestar de los pueblos.
Subrayó que la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales “no es más que una extensión de la aplicación del colonialismo”.
Ningún país merece ser víctima de estas medidas coercitivas, que dañan el bienestar, el progreso y atentan contra los derechos humanos como lo ha demostrado y condenado en reiteradas ocasiones el Consejo de Derechos Humanos, reafirmó.
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