El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte celebró el viernes último el rechazo del impopular Parlamento de mayoría conservadora a tres mociones de la minoría progresista, de vacancia (destitución) de la jefa de Estado por “permanente incapacidad moral”, debido a las graves causas por las que es investigada por la Fiscalía de la Nación.
La mandataria es investigada por presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito por la posesión de joyas de alto costo no declaradas y por interferir en la investigación de ese caso y actos de obstrucción a la justicia en el mismo tema y en el de su hermano, Nicanor Boluarte, detenido por influir indebidamente en nombramientos de funcionarios y de autoridades de nivel local.
El principal argumento de la mayoría congresal para el rechazo coincidió, como ocurre en decisiones trascendentes, con los argumentos del Gobierno para rechazar la moción, es decir la invocación a la gobernabilidad y la estabilidad frente a un alegado propósito opositor de generar caos e inestabilidad con la vacancia.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, celebró el resultado y ensalzó “a las fuerzas políticas, que apoyan la gobernabilidad y que son conscientes de que las necesidades son la reactivación económica y la seguridad ciudadana”.
Además las llamó “a unirse al empeño de conservar la democracia y decirles no a los golpistas y vacadores”, en obvia referencia a la minoría progresista y anunció que los gobiernos regionales firmaron un acuerdo de defensa de la gobernabilidad, una reunión con el Ejecutivo que trató sobre inversiones estatales en las regiones.
El mismo día, una corte anuló las detenciones de Nicanor Boluarte y del abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, tras varios días de duras críticas gubernamentales a las detenciones preliminares de ambos por motivos que incluyen una denuncia por intento de soborno a dos altos oficiales de Policía.
La decisión judicial fue precedida por duras críticas a las detenciones de varios ministros, en particular del de Educación, Morgan Quero, quien lanzó fuertes acusaciones contra la Fiscalía.
“Las intervenciones del Ministerio Público son desproporcionadas, atentan contra los derechos humanos y la presunción de inocencia de las personas”, dijo en diversas entrevistas en radio, televisión y medios impresos.
Además, hizo una declaración que podría ser considerada intimidante: “El sistema de justicia tiene como objeto fortalecer nuestro Estado de derecho, no debilitarlo, no construir un escenario para hacer una fractura institucional, que eso es parte de esta campaña negativa que nosotros identificamos”.
Según analistas consultados, la crisis política, que tiene como ingrediente la desaprobación masiva a la Presidenta, a la que aprueba apenas un siete por ciento, y al Parlamento que la apoya, puede agravarse en las próximas semanas.
Ello debido a que el 6 de junio expira la suspensión por seis meses a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, defendida cerradamente por la mayoría parlamentaria y que fue apartada del cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se le investigue por acuerdos indebidos bajo la mesa con legisladores y otros temas.
La suspensión solo podría ser prorrogada por la JNJ pero el Parlamento ha bloqueado virtualmente a ese órgano de control de jueces y fiscales, al destituir a dos de sus integrantes, lo que le impide tomar la decisión con la mayoría requerida.
Ante tal situación, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que suspenda por 36 meses a Benavides para continuar las investigaciones en curso y está por verse que se acepte el pedido.
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