La normativa fue expuesta por el diputado Julio García y fueron aprobados nueve de los artículos de la iniciativa, presentada el pasado año por el presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello.

García en su exposición manifestó que la ley “establece un marco jurídico necesario e importante para nuestra legislación”, además de prever una serie de condiciones y regulaciones.

Es importante que el país conozca que Venezuela está siendo asediada por la principal potencia militar, Estados Unidos, y otros países que decidieron atacar la institucionalidad, expresó.

El legislador señaló que ante esta situación se hace necesario establecer un marco regulatorio que defina cuáles son las normas mediante las que las ONG o organizaciones sin fines de lucro pueden recibir financiamiento, “tienen un margen de actuación y además la rendición de cuenta”.

En enero de 2023, recordó, fue aprobada por mayoría en primera discusión la norma y luego se hicieron amplias consultas a diferentes sectores.

Rememoró que al propio Parlamento concurrieron ONG de todo tipo, nacionales y trasnacionales, y apuntó que algunas de esas organizaciones reciben financiamiento como la Fundación Simón Bolívar, ahora en manos de sectores de Voluntad Popular, cuyos recursos provenían de la petrolera Citgo, para asumir operaciones de alto costo, sobre todo en niños, como trasplantes de médula, riñón y pulmón, agregó.

Mencionó otras organizaciones no gubernamentales como Convite que hoy recibe financiamiento en este país de fondos que “son manejados de manera ilegal por estas instituciones.

Tenemos informes, aseguró, que nos dicen que más del 80 por ciento de los recursos que reciben estas llamadas organizaciones no gubernamentales -algunas de las cuales ni siquiera tienen personalidad jurídica- no están registrados y “reciben importantes cantidades de millones de dólares”, indicó.

El diputado afirmó que esta ley prevé establecer transparencia y rendición de cuenta y preguntó por qué en el país no existe un marco regulatorio para quienes reciben grandes cantidades de millones de dólares y digan de dónde vienen esos recursos, enfatizó.

La ley busca revisar y dar seguimiento a esas estructuras que reciben financiamiento y no son supervisadas, dijo en enero pasado Cabello.

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