Una nota de la PF indica que, en total, fueron expedidos 20 mandatos judiciales de búsqueda y aprehensión, expedidos por el Supremo Tribunal Federal (STF), en los estados de Paraná (siete), Goiás (unos), Mato Grosso (uno), Sao Paulo (siete) y Rondônia (dos).
Además, la fuerza del orden colocó tobilleras electrónicas a dos personas.
También se determinó la indisponibilidad de bienes, activos y valores de los investigados.
Se espera que los daños causados al patrimonio público puedan llegar a la cifra de 40 millones de reales (unos ocho millones de dólares).
En teoría, los hechos indagados constituyen crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
«Las investigaciones continúan en curso y la Operación Lesa Patria se hace permanente, con actualizaciones periódicas sobre el número de órdenes judiciales emitidas, personas capturadas y fugitivas», explicó la PF.
Recientemente, el procurador general de la República, Paulo Gonet, pidió al ministro Alexandre de Moraes, del STF, la inclusión de investigados por los actos golpistas en la lista de buscados por la Policía Internacional (Interpol).
Gonet quiere además la emisión de orden de detención preventiva contra los acusados.
La medida fue adoptada después de que el portal UOL divulgara el 14 de mayo que por lo menos nueve condenados por los episodios antidemocráticos rompieron las tobilleras electrónicas y huyeron a Argentina y Uruguay.
En un escrito enviado al Supremo, después de la publicación del informe, el fiscal general pidió a De Moraes la emisión de orden de detención contra cinco investigados.
Hasta el momento, el STF condenó a 216 involucrados en la asonada del 8 de enero de 2023, fecha en que adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron y saquearon las sedes de los Tres Poderes en Brasilia bajo gritos de intervención militar.
mem/ocs
