En un análisis del anuncio de Washington de que este año Cuba no figura en su lista de países que no cooperan plenamente contra el terrorismo, SoliCuba señaló lo contradictorio de esa declaración, que llama a confusiones.
“Lo real es que la Patria de Martí no ha sido retirada de esa nómina, lo que constituye una afrenta a la humanidad entera”, agrega.
A modo de contexto, recuerda que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba se aplica desde hace más de 60 años, con el fin de “castigarla por no aceptar los designios del Imperio”.
“Esa acción simplemente genocida, que ha generado inmensos daños materiales a Cuba, es mantenida por la Casa Blanca contra la voluntad del mundo y cita al respecto que “las votaciones registradas en la Asamblea General de Naciones Unidas en torno a la materia constituyen el vivo retrato de esa realidad”.
SoliCuba precisa que el bloqueo se ha agravado porque el gobierno de los Estados Unidos resolvió incluir a Cuba en su espúrea lista de ‘estados patrocinadores del terrorismo’”.
Indica que esa lista es elaborada unilateralmente por Washington y carece de fundamento pero además, tratándose de Cuba, constituye una alevosa e injustificable agresión.
“El mundo sabe que Cuba es un país pacífico y solidario cuyo gobierno lucha denodadamente para enfrentar los graves problemas que le genera el ataque constante y pérfido de Estados Unidos”, prosigue.
Agrega que, por lo demás, “nadie tiene derecho a publicar una lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo para agredirlos sin justificación alguna” y, en este caso, se trata de una lista que implica represalias para los países colocados en ella por quien se considera “el árbitro y dirigente supremo” mundial.
“Por constituir una demanda absolutamente legítima, SoliCuba, Colectivo de Pensamiento y Cultura, considera su deber, exigir al gobierno de los Estados Unidos el retiro inmediato de Cuba de esa lista”, puntualiza.
Al mismo tiempo, plantea que el Gobierno de Perú -que está contra el bloqueo a Cuba- se sume a ese reclamo, que “responde enteramente a un criterio de justicia y de dignidad”.
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