Este miércoles, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, alertó en el canal Teleamazonas que la información que dio el Gobierno esta semana era sesgada. Hay cinco prefecturas del país que no han recibido los recursos, según la funcionaria.
Pabón se refirió a las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien aseguró el pasado sábado que esa Cartera de Estado había cancelado 298,5 millones de dólares a los GAD.
La funcionaria afirmó que las prefecturas de Cotopaxi, Santo Domingo, Azuay, Manabí y Pichincha no han recibido los recursos correspondientes a los meses de febrero y marzo y advirtió que al parecer existe un manejo discrecional por parte de Finanzas para realizar estas asignaciones.
La deuda con los GAD persiste pese a que el pasado 7 de mayo, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó una ley que impone al Ejecutivo la entrega de los recursos financieros correspondientes a las prefecturas y los municipios, entidades a las que le deben millones de dólares.
Por otro lado, organizaciones ambientales y comunidades indígenas reclamaron la inocencia de seis defensores de la naturaleza en Ecuador acusados por la empresa minera Curimining S.A. por el delito de asociación ilícita.
En una conferencia de prensa, a la que asistieron campesinos afectados por las sanciones del Ejecutivo, los participantes calificaron de injusta la sentencia impuesta por el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, a tres años de privación de libertad y cuantiosas multas.
Más de 70 personas defensoras de los derechos humanos, incluidos líderes indígenas, han sido acusadas penalmente por oponerse a estos proyectos y criticar la forma en que se están celebrando las consultas.
En reiteradas ocasiones la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció la estrategia gubernamental y de las transnacionales mineras de hostigar y perseguir a las comunidades que se oponen a la explotación minera de su territorio.
Entretanto, la organización feminista Mujeres de Frente acusó al Gobierno ecuatoriano de violar los más elementales derechos de las personas privadas de libertad en el país andino.
De acuerdo con esa organización, familiares de los reos de la cárcel de la provincia de Cotopaxi han accedido a una lista de nombres de prisioneros que perdieron la vida bajo custodia del Estado en esa prisión, sin conocer las causas hasta el momento, señalaron.
En ese contexto, el presidente Daniel Noboa presentó este viernes su Informe a la Nación con el que, según analistas, pretendió partir de cara a una potencial reelección en Ecuador.
El discurso del gobernante andino ha generado numerosas críticas en esta nación sudamericana, donde muchos coinciden en que la realidad dista de la narrativa.
Para el analista político Mauro Andino, en su discurso el jefe del Ejecutivo sigue pretendiendo construir la idea de sabotaje y enemigos políticos a pesar de que no tiene evidencias, señaló en declaraciones a la emisora Radio Pichincha.
A pesar de que en su discurso de 30 minutos, Noboa aseguró haberle devuelto la paz al país, la realidad dista de esa afirmación, pues persisten las masacres, sicariatos, extorsiones y otros delitos, al punto que el pasado miércoles él mismo decretó un nuevo estado de excepción en siete provincias.
Sondeos recientes indican que la aceptación de Noboa cayó 20 puntos, luego de haber alcanzado una aprobación del 80 por ciento en enero pasado, cuando decretó la guerra contra el crimen organizado en medio de una serie de hechos violentos.
No obstante, el gobernante buscará su reelección en 2025 en medio de un conflicto con su vicepresidenta, Verónica Abad, quien acusa al gobernante de intentar destituirla.
La segunda jefa del Ejecutivo, quien se desempeña como embajadora de Paz en Israel, ha calificado de «hostigamiento» las acciones del Gobierno para que renuncie.
Este viernes, convocó a Abad, para rendir su versión sobre un presunto tráfico de influencias, caso que involucra a su hijo Francisco Barreiro.
La audiencia está prevista para el martes, aunque hasta el momento se desconoce cómo será la comparecencia de la vicemandataria, quien se encuentra en Tel Aviv.
La segunda jefa del Ejecutivo ecuatoriano insinuó recientemente que la detención de su hijo Barreiro se debe a un plan para que no ocupe la Presidencia de la República cuando Noboa tenga que entregársela para hacer campaña electoral si se postula para las elecciones de febrero de 2025.
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