El jueves último el presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento el proyecto con el que propone cambios a cuatro artículos de la Ley 19.580.
Según interpretaciones aquí, el proyecto apunta a la necesidad de evitar las “denuncias falsas” y a dar más garantías a los denunciados.
Para la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cosse, el gobernante decidió «toquetear» una ley “en vez de atacar” a “uno de los enormes problemas de seguridad” que enfrenta el país, como es la violencia basada en género.
Significó que la iniciativa ocurre en «medio del escándalo institucional» que provocó la renuncia del presidente del Directorio del gobernante Partido Nacional, Pablo Iturralde.
Ello trascendió luego de la divulgación de chats comprometedores entre Iturralde y el exsenador Gustavo Penadés, preso e imputado por múltiples delitos sexuales.
Los mensajes mencionan a la fiscal del caso, Alicia Ghione, calificada por Iturralde como «amiga» y «una gran tipa», mientras descalifica e insulta a otros funcionarios del Ministerio Público.
“¿Será que quiere que hablemos de otra cosa? ¿Ese es el gesto que hay que darle a las miles de mujeres que están siendo víctimas de esto?, fueron preguntas que se hizo la también intendente de Montevideo (con licencia).
Al respecto mencionó cifras que hablan de miles de denuncias por violencia de género.
Precisó que en el 60 por ciento de los casos no hubo denuncia previa “lo que quiere decir justamente es que el problema no está en una ley. El problema está en el hecho”, concluyó. Datos oficiales divulgados por el rotativo La Diaria dan cuenta de 43 mil 245 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados registradas en 2023, número superior al de años anteriores.
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