Según Johana Tablada, subdirectora general de la dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, las disposiciones «no tocan el cuerpo del bloqueo y tampoco modifican las medidas extremas y regulaciones aplicadas por los gobiernos del expresidente Donald Trump y del actual mandatario, Joe Biden».
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Esta decisión excluye a la mayor parte de la población cubana, y no modifican las medidas que infligen dolor, sufrimiento, y afectan su sustento y a los servicios básicos, destacó.
Incluso, alertó, será muy difícil que puedan aplicarse, porque incluir a la isla en la lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo, tiene implicaciones muy grandes.
Mientras estemos en esa lista será imposible hacer transacciones. Cuando las anunció el presidente Barack Obama (2009-2017), no pudieron realizarse. Las entidades bancarias les tenían terror a las multas estipuladas por el bloqueo, recalcó.
No es un capricho, ni es retórica decir que son limitadas, reiteró.
Aspiran a convertir al sector privado, de manera caprichosa, en agente a favor del cambio que quieren aquí, que no es más que cambio de régimen, aseguró.
Intentan, añadió, «adecuar sus acciones a una ficción construida de nuestra realidad, en este caso al tratar de separar, mediante anuncios y estrategias, al sector privado del público».
Indicó que el anuncio pretende «privilegiar u otorgar ventaja a un sector, el privado, que no le debe nada a Estados Unidos» y fue establecido tras el plebiscito al cual fue sometida la Constitución de Cuba en 2019.
Llama la atención el manejo de temas vinculados con Internet, pues el uso masivo de la red de redes responde a una decisión gubernamental, aclaró.
Para Tablada, los principales obstáculos del funcionamiento de Internet aquí están asociados a los cientos de herramientas y sitios webs prohibidos para los cubanos, «para responder al objetivo político de Estados Unidos, que no es beneficiar a la sociedad cubana».
Quieren, señaló, asfixiar a nuestra economía y desarrollar operaciones de comunicación para responsabilizar al gobierno cubano por el impacto de esas medidas.
Cuba está estudiando estas decisiones y, si no violan la legislación nacional y significan una verdadera apertura, aunque fuera para un segmento de la población, no pondrá obstáculos a su aplicación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, notificó este martes la aprobación de regulaciones para flexibilizar el acceso del sector no estatal de la economía cubana a servicios financieros y de Internet.
Asimismo, informó que, con efecto inmediato, enmendó regulaciones sobre el país caribeño y autorizó los servicios de Internet, la asistencia a empresarios del sector privado y la expansión de las prestaciones financieras para la población.
Ello implica acceso a programas, tiendas de aplicaciones móviles, redes sociales y plataformas de videoconferencias, entre otras oportunidades, vetadas en territorio cubano como parte de la política hostil de Washington.
No obstante, determina que beneficiarán únicamente a la actividad del sector privado y excluirá a funcionarios del Gobierno y miembros del Partido Comunista de Cuba.
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