Durante su exposición, el titular se refirió a diversos temas relacionados con el plan económico del Gobierno, por lo cual recibió un llamado de atención para referirse exactamente al convenio con el organismo financiero, motivo por el que fue convocado.

Al respecto, Vega mencionó que en estos momentos hay un programa a nivel técnico que fue pactado entre los equipos del Ministerio y del FMI.

“Todavía para tener un acuerdo en firme tienen que entrar al directorio del FMI y en ese momento todos los puntos acordados con el país estarán disponibles”, expuso.

Además, precisó que lo previsto no es un acuerdo comercial, sino una “operación de financiamiento público en cumplimiento con el artículo 289 de la Constitución sobre la contratación de deuda pública autorizada por el Comité de Deuda y Financiamiento”.

Sin embargo, su intervención no convenció totalmente y varios asambleístas criticaron el acuerdo, del cual no se conocen requisitos ni otros detalles.

«Las condiciones del FMI vienen en detrimento social», afirmó la legisladora de la Revolución Ciudadana Gissela Garzón, quien propuso que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social inicie un proceso de fiscalización.

La parlamentaria señaló que el país ha superado el nivel de endeudamiento, por lo que es necesario evaluar si se debe seguir endeudando, porque en la práctica ese dinero no se traduce en mejores condiciones de vida ni en mejores servicios públicos, sino que se utiliza para pagar los préstamos.

Enfatizó que el FMI, al facilitar «generosamente» recursos a los Estados, contribuye al detrimento social.

Con 86 votos afirmativos, la Asamblea respaldó a Garzón para hacer seguimiento a través de la Comisión de Transparencia a ese convenio, que prevé un préstamo de cuatro mil millones de dólares, que serían desembolsados en diferentes montos por los siguientes cuatro años.

No obstante, gran parte de esos recursos serán para devolver al FMI parte de la deuda que Ecuador tiene con la institución.

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