El actual ministro de Comercio e Industria, Jorge Rivera, solo atinó la víspera a decir que el próximo Gobierno que asumirá desde el 1 de julio y encabezará José Raúl Mulino, le tocará decidir.
El nuevo mandatario designó a Julio Moltó como titular de esa cartera y a Juan Carlos Navarro como ministro de Ambiente, sobre los cuales recaerá esa compleja situación, según ellos mismos señalaron al ser presentados a la nación en conferencia de prensa.
Durante sesiones en esta capital del III Congreso industrial de inteligencia artificial y sostenibilidad en la industria, Rivera precisó que están en el proceso de contratación de un laboratorio de análisis internacional que permita determinar cualitativa y cuantitativamente los pasos a seguir sobre este tema.
“Sin duda alguna le va a tocar a la siguiente administración tomar una decisión, porque no creo que tengamos los resultados antes del 1 de julio”, reconoció el funcionario.
De acuerdo con Nathaniel Francois, superintendente de Sitio Puerto, de Minera Panamá, el concentrado de cobre está siendo almacenado desde finales de noviembre de 2023.
En enero pasado en una gira de medios locales de prensa, el experto sindicó que ese almacenamiento prolongado podría ocasionar que se reduzca el porcentaje de humedad dentro de la montaña de mineral de cobre, hasta llegar a un punto en el que se vuelva un peligro ambiental.
“Cuando la humedad se reduce, se incrementa el riesgo de contaminación ambiental, porque el material es fino y el viento lo puede volar, generando contaminación en el ambiente”, remarcó.
Francois indicó que, a principios de año, se había detectado sulfuro de hidrógeno y disulfuro de carbono, lo que representa un riesgo potencial de ignición.
“Estos gases son tóxicos y combustibles. No va a ocurrir una explosión, pero si puede llegar a combustionar”, agregó.
El 23 de mayo último, el abogado ambientalista Harley Mitchell presentó una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración contra Rivera, por posible inacción para resolver el caso de concentrado de cobre de la mina de Donoso.
Desde noviembre de 2023, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, bajo la presión de intensas manifestaciones populares de dos meses que paralizaron al país, se declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la filial de la trasnacional canadiense First Quantum.
El Gobierno indicó de inmediato un plan de cierre ordenado y seguro de la mina de cobre más grande de Centroamérica, pero las organizaciones sociales denuncian que no se ha cumplido a cabalidad.
El presiente electo, José Raúl Mulino, en sus primeras comparecencias, adelantó la idea de “abrir para cerrar”, e incluso iniciar un diálogo directo con la compañía extranjera pero solo si desiste de recurrir a un arbitraje internacional.
mem/ga