Representantes de los Estados participantes en el proyecto de RSCF examinaron la manera de lograr avances concretos a partir del programa de trabajo para 2024-2025, adoptado en la Decimotercera Conferencia Ministerial de la OMC, indicó el organismo en un comunicado de prensa.
La embajadora Clare Kelly de Nueva Zelanda, coordinadora de la iniciativa, destacó el interés de intercambiar experiencias con vistas a identificar las subvenciones perjudiciales a los combustibles fósiles desde una perspectiva comercial y medioambiental.
Según la fuente, los asistentes también debatieron sugerencias sobre cómo ampliar las aportaciones de las partes interesadas del universo empresarial y de la sociedad civil.
Asimismo, abordaron en detalle los efectos de las distintas categorías de subvenciones y las posibles vías de reforma, a partir de distintos documentos analíticos, entre ellos, uno elaborado por el Banco Mundial.
Según el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD), los integrantes del G20 (las 20 economías más grandes del orbe) invirtieron en 2022 cantidades récord de dinero público en carbón, petróleo y gas, por un monto ascendente a 1,4 billones de dólares, pese a sus compromisos medioambientales.
A juicio de la Agencia Internacional de la Energía, la magnitud de las subvenciones a los combustibles fósiles fue una “señal preocupante para las transiciones energéticas”, aunque algunas medidas eran defendibles como necesidades sociales o políticas “dados los apuros que podría haber causado la plena exposición de los precios de mercado”.
Un informe del Banco Mundial señaló en 2023 que los subsidios para agricultura, pesca y combustibles fósiles superan los siete billones de dólares al año, lo cual supone alrededor del ocho por ciento Producto Interno Bruto mundial y no ayuda a frenar el calentamiento global.
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