De acuerdo con la directora ejecutiva de la Achpe, Ana Delgado, esa situación ha ocasionado que 12 de los 67 integrantes de la asociación dejen de recibir pacientes derivados de las instituciones estatales, a excepción de la atención de emergencias.
Clínicas, Hospitales y Centros Especializados de Diálisis que atendieron a los afiliados del IESS y a los pacientes con cobertura del MSP, enfrentan una grave iliquidez porque los servicios brindados no fueron cancelados. Leer más: https://t.co/DbLQYzgMfL pic.twitter.com/r3fddMMCGE
— ACHPE (@AchpeEcuador) May 27, 2024
Un comunicado reciente emitido por la agrupación detalló que desde 2009 hasta la fecha, miles de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y pacientes con cobertura del Ministerio de Salud Pública, que requerían servicios de alta complejidad, especialidad o atención de emergencia, fueron atendidos de manera oportuna por prestadores de salud privados cuando los establecimientos públicos no tenían capacidad de atención.
En los últimos años, durante la crisis de los hospitales públicos causada por la falta de recursos, las clínicas y hospitales miembros de la Achpe fueron un gran soporte en el Sistema Nacional de Salud al atender a los pacientes, cuyas cirugías, diagnósticos y atención se pospusieron por meses, precisó el documento.
En el texto, los prestadores privados aclararon que ese sector atiende al 88 por ciento de los pacientes que reciben tratamiento sustitutivo renal en el país.
El pasado 30 de abril, la Achpe reclamó al Gobierno del presidente Daniel Noboa el pago de los tratamientos de diálisis que brindan a los pacientes del sector público.
El gremio presentó ante la Corte Constitucional (CC) un pedido para que la instancia judicial verifique el cumplimiento de una sentencia de 2020, que obliga al Ejecutivo a cumplir oportunamente y de manera regular con el financiamiento.
Hace varias semanas, un grupo de pacientes en Quito reclamó al Ejecutivo cumplir con las deudas de los centros especializados en diálisis y este miércoles se realizaron plantones con el mismo objetivo en varias ciudades del país.
La falta de pago del estado complica la atención y ya hay entidades que suspendieron la atención o no cuentan con los insumos necesarios para ese proceso, imprescindible para la vida de los enfermos renales que no cuentan con un seguro médico privado.
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