Según la Comisión, ya no existe un riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en Polonia, declaró en un comunicado la organización regional.
El nuevo Gobierno puso en marcha una serie de medidas para abordar las preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial, reconoció la primacía de la legislación de la UE y se comprometió con las sentencias relacionadas con el Estado de derecho, añadió.
De acuerdo con la CE, el artículo 7 se activó en diciembre de 2017 ante la preocupación de que las reformas judiciales bajo el anterior gobierno de Ley y Justicia fueran contrarias a los valores de la Unión Europea (UE).
En teoría, el referido artículo podría haber supuesto la suspensión de los derechos de Polonia como miembro de la comunidad regional.
Sin embargo, Eric Mamer, portavoz de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, indicó que la organización seguirá la supervisión y apoyo de la aplicación del plan de acción por parte de Varsovia.
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