Cerca del 40 por ciento de las residencias están muy por encima de su capacidad, y ese dato se eleva al 57 si se cuentan aquellas que se encuentran totalmente ocupadas, precisa el documento realizado a partir de una visita a nivel nacional en el segundo semestre de 2023.
La investigación tuvo como propósito observar directamente el estado emocional y las condiciones sociales y ambientales donde conviven los menores enviados por resolución judicial, debido a vulneraciones de sus derechos y ausencia de un núcleo protector.
Uno de los problemas detectados fue la presencia de 597 niños, niñas o adolescentes en total abandono, sin un adulto de la familia con algún tipo de presencia en su vida como para generar un vínculo que sea capaz de lograr su egreso de esas residencias.
Respecto a las condiciones de hacinamiento, el texto señala que distorsionan o impiden el objetivo fundamental de estos centros, el cual consiste en la restitución plena de los derechos vulnerados a este sector de la infancia chilena.
El Poder Judicial agrega la ausencia de coordinación entre el servicio de protección y la red de salud destinada a dar atención prioritaria a los niños, sobre todo en lo referido a su estabilidad mental.
Muchos de ellos, precisa, son expuestos física, psicológica y emocionalmente a nuevos focos de vulneración.
Por otra parte, el documento indica un grave déficit en las instalaciones, las cuales están en condiciones deplorables, lo que no sólo afecta la comodidad y bienestar de los internos, sino también son un riesgo para su seguridad.
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