Los juicios tienen plazo hasta el 10 de junio y, uno de ellos, es una medida cautelar del ministro Alexandre de Moraes, quien suspendió todos los procesos judiciales, administrativos disciplinarios presentados contra los médicos por supuestamente incumplir una resolución del Consejo Federal de Medicina (CFM) que dificulta el aborto derivado de la violación.
También queda prohibida la apertura de nuevos procedimientos basados en la misma norma.
La resolución del CFM prohíbe la utilización de una técnica clínica, llamada asistolia fetal, para la interrupción del embarazo con más de 22 semanas oriunda de violación.
El órgano llegó a suspender el ejercicio de facultativos que realizaron el aborto en esos casos, hecho que generó manifestaciones en el Consejo Regional de Medicina, en Sao Paulo.
La corte también analiza liminares que suspendieron leyes del municipio Ibirité, estado de Minas Gerais (sudeste), y del distrito Aguas Lindas de Goiás, en la central división territorial de Goiás, que prohíben el uso del lenguaje neutro en escuelas.
En la ciudad minera, la legislación vetaba la enseñanza de «lenguaje neutro o dialecto no binario» en los colegios públicos y privados, y su aplicación por agentes del municipio.
Al suspender la ley, el ponente, que también es De Moraes, argumenta que los municipios no pueden legislar sobre normas para currículos, contenidos programáticos, metodologías de enseñanza o modos de ejercicio de la docencia, porque eso es competencia exclusiva de la Unión.
Para el ministro, la prohibición sería una injerencia del Poder Legislativo local en el currículo pedagógico.
La ley municipal define como «lenguaje neutro» la modificación de los patrones lingüísticos determinantes del género en la lengua portuguesa «de forma a anular o indeterminar el masculino o el femenino».
También bajo la relatoría de De Moraes, los ministros se inclinarán sobre una acción penal contra Jackson Uriel de Souza, por participar en los actos golpistas del 8 de enero de 2023.
Asimismo, el tribunal juzga recursos de José Ricardo Fernandes y Lucinei Tuzi Casagrande, condenados a 14 años de prisión por agitación violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, deterioro del patrimonio derribado y asociación criminal armada.
En esa fecha de 2023, marcada en negro en la historia nacional, adeptos radicales del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y depredaron los predios capitalinos del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial, bajo gritos de intervención militar.
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