El lunes pasado, Casanello le dio un plazo de 72 horas a esa cartera del Estado, dirigida por Sandra Pettovello, e indicó tener en cuenta las fechas de vencimiento y los tipos de artículos para su repartición.
La disposición del juez se conoció luego de la presentación de un recurso por el líder de Argentina Humana, Juan Grabois, y organizaciones sociales que acusaron al Gobierno de retener artículos adquiridos por la administración de Alberto Fernández para los comedores populares.
A través de su perfil en la red social X, Grabois denunció que la comida se pudre en almacenes de Villa Martelli y Tafí del Valle, mientras muchas personas pasan hambre.
Según detalló, la información brindada por el propio Ejecutivo revela que “hay 339 mil 867 kilogramos de leche en polvo (rinden dos millones 718 mil 936 litros) que se vencen en julio y todavía no presentaron el cronograma de entrega”.
Por su parte, Casanello afirmó “que no se dio cumplimiento ni se solicitó prórroga o suspensión respecto a la medida ordenada”, pese a que el Ministerio fue notificado.
De acuerdo con la periodista especializada en temas judiciales Irina Hauser, el Gobierno solo presentó hasta el momento el listado de los alimentos con las fechas de adquisición y vencimiento, según las cuales 40 kilogramos de arroz y hortalizas caducaron en febrero.
El Ejecutivo apeló la decisión judicial, pero Casanello explicó que dicho recurso no suspende la orientación de repartir los productos.
La Sala II de la Cámara convocó a una audiencia para el miércoles próximo. Por eso, el juez le informó a ese tribunal el incumplimiento, mientras evalúa otras medidas y una declaración de desobediencia, explicó Hauser en un artículo publicado en Página 12.
De acuerdo con la analista, la situación de Pettovello puede complicarse pues las organizaciones sociales piden para ella multas por cada día de desobediencia a la orden judicial, en tanto un grupo de religiosos, entre ellos el cura Francisco Olveira, exigió su renuncia.
En este contexto, fue despedido el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, quien también fue denunciado por el mismo Ministerio ante la Oficina Anticorrupción por supuestos contratos a través de la Organización de Estados Iberoamericanos para pagar sobresueldos.
Por ese escándalo, fueron expulsados de sus puestos varios funcionarios, según refirieron Página 12 y el canal de televisión C5N.
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