Desde esta capital y en la ciudad costera de Guayaquil, los familiares de los reos también denunciaron torturas y malos tratos por parte de los militares y advirtieron que el Estado estaría ocultando información sobre presos fallecidos bajo su custodia.
Este sábado, la compañía Lafattoria, la cual proveía de alimentos a una parte de las cárceles ecuatorianas, dejó de ofrecer ese servicio a cinco centros de privación de libertad de Guayaquil, debido a la falta de pagos por parte del Gobierno.
Cerca de 12 mil personas privadas de libertad en las provincias de Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Pichincha, Santo Domingo y Sucumbíos dejaron de recibir alimentos de Lafattoria, como consecuencia de la deuda del Ejecutivo con esa empresa.
El presidente Daniel Noboa acusó a la Lafattoria de supuestos vínculos con el crimen organizado y pidió a la Fiscalía una investigación, mientras la compañía de servicios alimenticios negó la acusación y exigió al Gobierno el pago de la deuda.
La alimentación de las personas privadas de libertad en Ecuador causa preocupación, mientras la entidad encargada de las cárceles afirmó que trabaja para adjudicar a una empresa el contrato para las provisiones de los reclusos.
Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), se “trabaja en la etapa precontractual para adjudicar el contrato para el servicio de provisión de alimentos en la División Territorial 3”.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo reportó la pasada semana 24 muertes dentro de las prisiones que permanecen bajo control militar y pidió al Gobierno acciones urgentes para la garantía y protección de derechos de las personas privadas de libertad.
Mediante un pronunciamiento, la institución calificó como crítica la situación actual en centros penitenciarios del país y por eso exigió al Estado el cumplimiento de las condiciones necesarias para garantizar los derechos a la vida y a la integridad de los prisioneros.
La Defensoría identificó un incremento de reclusos fallecidos en los centros de internamiento, que actualmente se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas tras la declaratoria en enero pasado de un conflicto armado interno en medio de una ola de actos delictivos.
Según la información divulgada, del 9 de febrero al 7 de marzo se registraron 24 fallecimientos en diversos centros por muertes naturales y en otros casos por violencia, con indicios de presunta tortura.
Además, la institución alerta del deceso de un reo con signos de desnutrición, algo que podría ser consecuencia de la falta de provisión de alimentos en las cárceles de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Napo.
Las prisiones de Ecuador son consideradas epicentros de la crisis de seguridad que sufre el país, por lo cual el presidente Noboa decidió militarizarlas amparado en un estado de excepción y en la declaratoria de conflicto armado interno.
El Ejecutivo descartó las denuncias de violaciones de derechos y ha cerrado filas en torno a las fuerzas militares en lo que el mandatario denominó como una guerra contra el crimen organizado.
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