Una nota publicada en el sitio oficial de la Presidencia del Consejo de ministros cita declaraciones de la jefa de Gobierno, Giorgia Meloni, quien alertó que “estamos ante un mecanismo de fraude y de elusión de la dinámica de entrada regular, con la fuerte injerencia del crimen organizado, que debemos frenar”.
En una reunión efectuada la víspera en la sede gubernamental del Palacio Chigi, la primera ministra anunció que, con la colaboración de todos los ministerios competentes, se trabaja en la elaboración de un plan amplio y detallado para resolver este problema, que podría estar listo en la segunda quincena de junio.
“Los flujos regulares de inmigrantes por motivos laborales se utilizan como un canal adicional para la inmigración irregular”, aseveró, y ejemplificó que, en los permisos de trabajo estacional de 2023, para trabajos en el sector agrícola o turístico de 282 mil solicitudes, 157 mil llegaron de la región de Campania, y 20 mil de Apulia.
Sin embargo, la región de Apulia tiene alrededor del 12,0 por ciento de las empresas agrícolas italianas y Campania el porcentaje es de solo 6,0 puntos, a lo que se suma el hecho de que, en esta última, menos del 3,0 por ciento de los que entran con un permiso firmaron luego un contrato de trabajo.
Los denominados decretos de flujo, para regularizar la inmigración, se utilizan como mecanismo para permitir el acceso a Italia, por una vía formalmente legal y sin riesgos, a personas que no habrían tenido ninguna derecho de acceso a Italia, probablemente mediante el pago de sumas de dinero, de hasta 15.000 euros, añadió Meloni.
“La hipótesis de una infiltración criminal parece corroborada por el hecho de que la gran mayoría de los extranjeros que han entrado en Italia en los últimos años utilizando el decreto decretos de flujo proceden de un solo Estado, Bangladesh”, argumentó, y dio a conocer la denuncia ante la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo.
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