Mediante un comunicado, el Ejecutivo expresó su solidaridad con la familia y seres cercanos del también asesor jurídico del Comité de la Unidad Campesina (CUC) y de procesos comunitarios, de 50 años, padre de tres hijas.
Rechazó en el texto los actos violentos que atentan contra la vida y reiteró el compromiso con el respeto y protección de los defensores de Derechos Humanos.
A través del Ministerio de Gobernación, acotó, se facilitarán los insumos y medios de prueba para que se realicen las investigaciones que esclarezcan la verdad y enfrenten a los responsables a la justicia.
La CUC, una de las organizaciones campesinas más importantes del país, denunció el asesinato y describió que se trató de un hecho perpetrado por un grupo de hombres armados cuando Domingo iba con dos líderes, quienes resultaron heridos.
Según trascendió, el abogado realizaba la legalización de documentos de una propiedad en el momento en el que lo emboscaron y le dispararon.
Varias entidades locales expusieron que lo sucedido atenta contra defensores de Derechos Humanos y de los pueblos indígenas por su lucha a favor de la Madre Tierra, territorios, agua y otros bienes naturales.
Instaron al Gobierno a garantizar las medidas necesarias de seguridad que permitan la protección de estas personas y de la población en general.
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