Pese a que múltiples voces de la sociedad civil expresaron que dicha norma otorga facultades extraordinarias al contralor Gerardo Solís y que era necesaria su revisión, el presidente del país istmeño, Laurentino Cortizo, promulgó en diciembre de 2022 la Ley 351.
A juicio de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la iniciativa fue impugnada por primera vez en abril de 2023, pero la CSJ ha tardado todo este tiempo en decidir, lo que estimó imperdonable, pues dilata la adopción de un mero trámite mientras se aplican reformas que pueden atentar contra lo dispuesto en la Constitución.
El abogado Ernesto Cedeño, uno de los litigantes, indicó a la prensa que esa lentitud permite que la Contraloría realice un trabajo mediocre o incompleto en la vigilancia de los fondos estatales.
La demanda del letrado cuestiona facultades especiales concedidas al contralor para archivar informes de auditoría por su cuenta y sin fundamento.
Según la Fundación, las atribuciones concedidas al contralor en el artículo 31 de la Ley 351, y permiten cerrar y archivar auditorías o investigaciones según su criterio, violan el artículo 280 de la Constitución.
Además, la demanda precisa que no existe sustento constitucional para otorgar semejante poder discrecional al contralor.
Esta impugnación también objeta el artículo que permite a la Contraloría actuar sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona.
Por su parte, el procurador de la Administración, Rigoberto González, estimó frases dentro de la ley que son inconstitucionales, en particular aquellas que le permite al Contralor discrecionalidad para archivar las auditorías.
Según González, dicho artículo vulnera de manera directa el artículo 280 de la carta magna, en el que se establece que son funciones de la Contraloría fiscalizar y regular todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección. de acuerdo con la ley y realizar las investigaciones e inspecciones correspondientes.
A juicio de analistas, uno de los desafíos de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) por instalarse el 1 de julio, será la elección del nuevo contralor que remplazará a Solís, cuyo mandato concluye en diciembre próximo.
La gestión de Solís ha estado marcada por su indiferencia a la transparencia, la nula fiscalización de los fondos públicos, los constantes aplausos ala administración de Cortizo y los constantes guiños al gobernante Partido Revolucionario Democrático, según reiteradas denuncias.
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