La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, presentó este lunes al Congreso el retiro formal de la agenda de sesiones extraordinarias del expediente 24.099, mediante el cual hasta hace poco esa instancia mantenía viva su visión acerca de una cuestionada Ciudad Gobierno, añade el canal Teletica.
El proyecto reformaría dos artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, precisamente los que chocan con la forma de arrendamiento que el Gobierno impulsa para el referido «megacomplejo» de oficinas, comprendido el uso de un terreno público para levantar la urbe.
La iniciativa estatal, que coincide con otro proyecto oficial con que la Presidencia pretende «impulsar el desarrollo” del país, integra los temas que el presidente Rodrigo Chaves quiere someter a un controvertido referendo, hasta ahora por aprobar.
Esa disputada consulta popular es tema de controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo mediante opiniones de miembros de ambas instancias en favor y en contra, estas últimas en defensa del papel fiscalizador de la Controlaría General de la República.
Los criterios sobre el tema incluyen el del reconocido experto constitucionalista Rubén Hernández, quien asegura que «existen votos en la propia Sala Constitucional del Parlamento sobre la prohibición de tramitar, vía referendo, reformas que afecten la fiscalización y controles de la Contraloría».
La polémica “Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica», defendida por Chaves y sus aliados, busca por la vía del Congreso o mediante la recolección de firmas la realización del pretendido referendo con el cual aspira a concretar varios de sus propósitos gubernamentales.
El camino de la reforma legal –recuerda Teletica- ya fue ampliamente cuestionado en el Congreso, entre otros por la propia contralora, Marta Acosta, quien insistió ante la Asamblea Legislativa que los citados cambios “van en detrimento de los principios fiscalizadores de ese órgano”.
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