De acuerdo con el funcionario, la falta de alimentación, así como supuestos maltratos físicos y psicológicos, son las denuncias más frecuentes que han recibido en los últimos meses, y que también han comprobado con visitas a los centros carcelarios.
En declaraciones al canal nacional Ecuavisa, Córdova explicó que desde mayo han ejecutado 82 visitas a las cárceles y tanto presos como sus familiares, expusieron supuestas vulneraciones de derechos.
Córdova también advirtió sobre la falta de alimentación en las penitenciarias y explicó que ante la suspensión de ese servicio por falta de pago, se analizan nuevos contratos, pero que estos no responden a la realidad.
«No existe una alimentación adecuada. Reciben una ración al día, cuando la norma internacional establece tres y hasta cinco para determinados adultos infractores», explicó.
El pasado 30 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportó 24 muertes dentro de las prisiones que permanecen bajo control militar y pidió al Gobierno acciones urgentes para la garantía y protección de derechos de las personas privadas de libertad.
La institución identificó un incremento de reclusos fallecidos en los centros de internamiento, que actualmente se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas tras la declaratoria en enero pasado de un conflicto armado interno en medio de una ola de actos delictivos.
Según la información divulgada, del 9 de febrero al 7 de marzo se registraron 24 fallecimientos en diversos centros por muertes naturales y en otros casos por violencia, con indicios de presunta tortura.
Además, la Defensoría alertó del deceso de un reo con signos de desnutrición, algo que podría ser consecuencia de la falta de provisión de alimentos en las cárceles de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Napo.
Las prisiones de Ecuador son consideradas epicentros de la crisis de seguridad que sufre el país, por lo cual el presidente Noboa decidió militarizarlas amparado en un estado de excepción y en la declaratoria de conflicto armado interno.
El Ejecutivo descartó las denuncias de violaciones de derechos y ha cerrado filas en torno a las fuerzas militares en lo que el mandatario denominó como una guerra contra el crimen organizado.
ro/nta
