La norma establece nuevas condiciones de financiamiento estatal al cine y fue motivada por el disgusto causado a parlamentarios y medios de prensa conservadores por exitosas películas sobre temas sociales y políticos y en particular las referidas al llamado conflicto armado interno (1980-2000).
Esas películas fueron costeadas parcialmente por el Estado, lo que ganaron en un concurso con un jurado de especialistas, pese a lo cual la parlamentaria derechista Adriana Tudela lanzó el proyecto, de orientación similar a una serie de normas aprobadas en distintos terrenos por la mayoría congresal.
La actriz y legisladora Susel Paredes calificó como censura inaceptable la condición de la ley para recibir financiamiento, de no afectar la defensa nacional, el orden interno, la Constitución y el estado de derecho.
“Los artistas y los cineastas somos muy unidos y nos comunicamos mucho. Ahora, el Perú está en el foco y dicen: ‘Mira cómo está Perú, como en la época de Franco en España'», agregó.
En la ley priman “la censura, el abuso, la prepotencia y sobre todo evidenciar que estamos gobernados por una mafia a la que no le importa el cine peruano y mucho menos la cultura, sino sus dogmas medievales y su miserable bolsillo”, dijo el destacado cineasta Francisco Adrianzén.
El director de cine y empresario Luis Llosa opinó que la ley tiene disposiciones inaceptables, como la reducción del incentivo estatal al las para producciones regionales como las películas en idioma quechua, de gran éxito internacional, y la revisión de los guiones (censura).
Antes de aprobarse la ley, más de 70 agrupaciones de cineastas, comunicadores audiovisuales y 700 trabajadores vinculados a la producción de películas, rechazaron en forma indignada la inminente norma en un comunicado conjunto.
El texto denuncia que la ley establece una forma de censura y entrega el control de la creación cinematográfica nacional a sectores autoritarios y conservadores, una forma de censura, y discrimina a las producciones fílmicas de las regiones, al obligarlas a financiar la mitad de sus obras.
Los cineastas también denuncian que la ley fue procesada por la comisión de Economía del Legislativo y arrebata al Ministerio de Cultura el manejo de los subsidios a la cinematografía y lo entrega a Promperú, organismo de promoción comercial y turística.
Consideran que la ley evidencia “un total desconocimiento y desprecio por el sector cultural y artístico peruano y demuestra que el control del país lo tienen grupos de poder, y la dictadura encabezada por Congreso y el poder Ejecutivo”.
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