Mediante un comunicado, la organización ancestral señaló los casos del abogado José Alberto Domingo y de Marcelo Yaxón del Comité de Unidad Campesina (CUC) en atentado sufrido el pasado 5 de junio en el departamento de Escuintla.
Instó a la comunidad internacional a fijar su atención en las instituciones responsables de la investigación penal y aplicación de justicia para cumplir con su mandato constitucional, el cual vulneraron en estos años, remarcó.
Demandó respeto a la vida de las mujeres, las niñas, niños, jóvenes y ancianos, así como el cumplimiento de las leyes en materia de derechos humanos y derechos de las comunidades indígenas.
Creada para apoyar las luchas de su pueblo, rechazó además los 12 desalojos realizados durante el presente año de familias campesinas en todo este territorio centroamericano.
Expuso los dos en la región Q’eqchi, contra 35 familias de la comunidad San José el Tesoro, Finca Chichoy, municipio Cobán, departamento Alta Verapaz, y de Buena Vista, Tzinté, en El Estor, Izabal, el pasado 22 de mayo.
Estos –amplió- obligaron a esos núcleos a vivir a orillas de la carretera que conduce de El Estor a Río Dulce, a un costado de la comunidad Santa Rosita, lo cual violentó los protocolos que protegen a las personas de tales medidas.
«Desde ya rechazamos la orden de desalojo en contra de las familias de la comunidad Santa Rosita, también en El Estor, Izabal, previsto para el 26 de junio del presente año”, advirtieron en el texto.
Consideró que esos actos expresan el desprecio hacia la población por parte de sectores económicos en complicidad con el Ministerio Publico, jueces corruptos favorables a conservadores y del Pacto de Corruptos.
Ante esta situación, la Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej llamó al gobierno del presidente del país, Bernardo Arévalo, a velar por los intereses del pueblo.
Aparte, agregó, garantizar la vida digna de las familias afectadas, mientras exigió un alto a los grupos oligárquicos y del crimen organizado que vulneran a la población guatemalteca, en especial a las comunidades indígenas que son las más vulnerables.
Reclamó asimismo el cumplimiento de los protocolos nacionales e internacionales de obligación del Estado de facilitar albergue, alimentación, seguridad y el derecho a la educación de las niñas y niños, cuyos derechos fueron, enfatizó.
La CUC, una de las organizaciones campesinas más importantes de la nación, denunció hace par de días el asesinato de Domingo y Yaxón, de cuyo hecho salió herido Gustavo Yaxón.
Varias entidades locales alertaron que lo sucedido atenta contra defensores de Derechos Humanos y de los pueblos indígenas por su lucha a favor de la Madre Tierra, territorios, agua y otros bienes naturales.
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